Ceuta es el segundo territorio, por detrás de Melilla, con mayor número de beneficiarios del Impuesto Mínimo Vital (IMV) por habitante. Según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, 9.649 ceutíes perciben esta prestación, lo que representa el 11,3% de la población. La ciudad se sitúa así muy por encima de los datos del resto de comunidades autónomas y 1,7 puntos por debajo de la otra ciudad autónoma.
Los andaluces son los españoles que mayor número de beneficiarios del IMV suman. Un tercio del total de personas que recibe la prestación en España (1.579.949) reside en Andalucía, donde el IMV llega al 5,9% de la población. Los porcentajes más bajos de todo el país se registran en Baleares (1,7%), Cataluña (1,7%) y País Vasco (2,1%).
El elevado número de beneficiarios de la prestación en Ceuta está obviamente ligado a las altas tasas de exclusión y riesgo de pobreza que se registran en la ciudad. Pese a las cifras, hay voces que reclaman un sistema más accesible a las personas vulnerables, objetivos del programa del IMV, para facilitar la tramitación de las solicitudes. Ceuta Ya! ha llamado la atención ante las dificultades que encuentran los potenciales beneficiarios para hacer efectivo su derecho. Los localistas advierten de que el portal virtual habilitado genera general problemas «con caídas de la red más que recurrentes». Además, critica que resulte casi imposible completar el proceso de manera presencial.
El IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Su implantación se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.
Se calcula y se cobra por unidades de convivencia, no por personas (excepto si se trata de una persona que vive sola).
La cuantía del ingreso mínimo vital para el beneficiario individual o la unidad de convivencia será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.
