La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una de las medidas más controvertidas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, apoyada por los sindicatos mayoritarios y contestada por la patronal.
Los defensores de la medida argumentan que la jornada de 37,5 horas supondría un avance en los derechos laborales de los españoles, que actualmente trabajan una media de 40 horas semanales, por encima de la media nacional (38,6 horas) y europea (37,1 horas). Por otro lado, los detractores de la medida advierten que la jornada de 37,5 horas supondría un coste económico insostenible.
Los beneficios de esta medida para el trabajador son indiscutidos: derecho al tiempo libre, menor estrés, mejora de la conciliación familiar y supone un beneficio para la salud mental.
Sin embargo, no podemos olvidar que la mejora de un derecho no perjudique a otros derechos más que el beneficio causado. Ceuta ya sufre una situación de crisis estructural, con una tasa de paro del 27,55%, la más alta de España, y una dependencia casi total de las transferencias del Estado.
Además, alertan que esta medida provocaría una pérdida de competitividad y rentabilidad de las empresas ceutíes, que tendrían que asumir un aumento de los costes laborales sin una compensación proporcional en la productividad. Algunos incluso cuestionan que la reducción de la jornada laboral mejore realmente la calidad de vida de los trabajadores, ya que podría generar una mayor presión y una mayor carga de trabajo si no se fomenta la contratación de trabajadores parciales para complementar las horas sobrantes de la reducción.
El caso ceutí además se enfrentaría a un nuevo reto ya que el recorte de horas empujaría a la contratación de trabajadores a jornada parcial, lo que, si bien aliviaría a muchas familias que necesitan aumentar los ingresos en casa, produciría una movilidad hacia el nuevo sistema de bonificaciones. Esto incrementaría los costes laborales de las empresas caballas.
En conclusión, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una medida controvertida que tiene tanto defensores como detractores. Aunque la medida puede tener beneficios para los trabajadores en tiempo libre y salud mental, también puede tener consecuencias negativas para las empresas y para la economía. Es importante encontrar un equilibrio entre los derechos laborales y las necesidades económicas para garantizar el bienestar tanto de los trabajadores como del conjunto del país.
