La memoria sobre el modo de gestión limpieza pública es un documento de 161 folios del que es difícil extraer conclusiones. Al menos que sean basadas en la información que se arroja en el documento. Corresponderá a los actores políticos (la última palabra la tiene el Pleno de la Asamblea) y a los sindicatos con representación juzgar el trabajo realizado, pero parece arrojar más sombras que luces para tomar una decisión, o de forma más concreta la sensación es que se oculta de forma deliberada la realidad del servicio, el de mayor coste para las arcas públicas de la ciudad y sometido a constante polémica y quejas vecinales en la última década. En este contexto, cabe recordar que fue el propio Pleno el que aprobó por iniciativa del Gobierno rescatar la concesión y que la actual concesionaria del servicio llegó también a plantear rescindir el contrato aludiendo a la falta de rentabilidad del mismo. La principal conclusión que figura en el documento es que optar por la gestión directa (municipalización) supone un ahorro sobre la gestión indirecta (sea el modo que sea) de 309.000 euros (309.192,70 euros). Pero la cifra tiene mucha trampa. En realidad lo que cabe esperar es que cueste más la gestión directa que la indirecta.
Y hay, en el propio informe, varias cuestiones que permiten deducir eso. Para empezar porque en el cuadro comparativo del que salen esos 309.000 euros de ahorro, se estima que la organización pública que asuma el servicio no tendrá un sólo céntimo en gastos generales. Dicho de otro modo y para que se entienda a las claras: No se computa ni un sólo euros para comprar folios, licencias de programas informáticos, teléfonos físicos y la contratación de líneas, bolígrafos, impresoras, cartuchos de tinta, papeleras para la oficina, o un sistema para fichar.
El cuadro comparativo se limita a computar gastos de personal, otros costes directos que serían en realidad la maquinaria y el vestuario y que en total arrojan un saldo de 1,9 millones de euros más de gasto en el modo de gestión directa debido a que una sociedad pública no podría seguir beneficiándose de la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social que sí tiene la actual concesionaria.
se añaden 400.000 euros que el Gobierno necesitaría para la gestión directa en costes de la estructura de dirección, sin aclarar en ninguna de las páginas del informe en qué personal y qué funciones está pensando.
En un segundo apartado del cuadro se enjuagan esos casi 2 millones de euros que costaría de más la gestión directa a través de una nueva sociedad municipal suprimiendo casi 1,5 millones de gastos generales (lo mencionado antes) y el beneficio industrial que ascendería a 1,1 millón de euros. Además se añaden 400.000 euros que el Gobierno necesitaría para la gestión directa en costes de la estructura de dirección, sin aclarar en ninguna de las páginas del informe en qué personal y qué funciones está pensando. Son 400.000 euros en cargos directivos que la actual concesionaria no tiene o si tiene están computados dentro de los costes laborales globales de Trace.
No cabe esperar merma, pero tampoco se señala que vaya a mejorar la calidad. Para eso en realidad se propone incrementar el gasto en 4,5 millones. Eso acercaría el coste total del servicio, aunque se reparta con Obimace, Brigadas Verdes o Tragsa en cerca de 30 millones al año
En lo tocante a la explicación de por qué si una empresa tiene gastos generales por valor de casi 1,5 millones no los tendría una sociedad pública que gestionara el servicio, sencillamente no existe: “En la modalidad de gestión indirecta, se establecen gastos generales de estructura, que representan un 6,65 por 100, no incluidos en ninguno de los apartados anteriores. Asimismo, se incluye el beneficio industrial, que se estima en el 4,97 por 100”, recoge la memoria. Y eso es todo. Pura descripción de una imputación contable y comparativa sin argumento que sustente el cepillar cualquier otro gasto que no sea maquinaria y personal de la gestión que realizará la ciudad de forma directa. El papel lo soporta todo.
Y todo esto para concluir además que la calidad del servicio será la misma. “Dado que el modelo de gestión propuesto asume la continuidad del personal que actualmente viene prestando el servicio, mediante subrogación, no cabe esperar una merma de la calidad”, recoge la memoria. No cabe esperar merma, pero tampoco se señala que vaya a mejorar la calidad. Para eso en realidad se propone incrementar el gasto en 4,5 millones.
Estimación y no realidad
Pero hay aún más razones para cuestionar esas cifras. Porque si bien parece que el coste de personal sí ha sido calculado teniendo en cuenta la actual estructura de personal de Trace, no sucede lo mismo con las partidas en las que espera ahorrar la Ciudad. Así, los gastos generales computados a la forma de gestión indirecta no se basan en los actuales que pueda tener Trace, sino en una estimación tras estudiar 15 expedientes de contratación de servicios de limpieza viaria y recogida basura de otros ayuntamientos en los últimos años. Y lo mismo con el Beneficio Industrial que se estima en un 4,97 por ciento. Pero es una simple estimación. Una estimación además que es porcentual sobre el volumen total del coste del servicio.
Si hasta aquí ya parece que hay ingeniería sino contable matemática, aún hay más agujeros en las cifras. Tres fundamentales para entender de qué va esto, a los que se suman otra conclusión sobre el servicio.
4,4 millones de euros más
Las cifras de coste de personal que asciende al 91,97 por ciento del coste total estimado están basadas en la actual plantilla de Trace. Porque en el plan de servicios que establece la memoria se calca el actual. Es decir, aparentemente se seguiría prestando el mismo servicio que hasta ahora.
el resultado del coste medio del jornal de limpieza es de 55.681,27 euros al año
Pero en realidad no. Bajo el título de “Áreas que deberían ser reforzadas para mejorar la calidad del servicio y su correspondiente coste en ambas formas de gestión, directa e indirecta” se estima un incremento del coste de 4,445 millones de euros. Es decir, 4,5 millones que se sumarían a los costes antes mencionados y que acercarían el coste anual de la limpieza viaria y la recogida de basura a los 30 millones, tal y como ya adelantó en su día este medio.
Esos casi 4,5 millones de euros más para que “la percepción ciudadana resulte más positiva, sobre todo en las barriadas periféricas, frontera y zonas aledañas” se repartirán en una intensificación de la limpieza de playas que requería un total de 30 operarios y costaría 1,4 millones extras. A eso se suma un refuerzo en la recogida de enseres (muebles, electrodomésticos, etc), se estima que sería necesario quintuplicar los medios actuales dedicados a este servicio. Actualmente hay un sólo servicio con tres operarios y un camión. El coste anual extra se estima en 885.000 euros. Y otros 2,160 millones de euros extras para intensificar los baldeos manuales y mecánicos. Actualmente se hace una vez cada 15 días en los barrios y se pretendería hacerlo una vez por semana. Eso se viene haciendo con “30 servicios repartidos en los tres turnos a lo largo de la semana. Cada servicio consta de un vehículo, un conductor y dos operarios”, para ese refuerzo haría falta duplicar los recursos destinados.
La propuesta de la memoria es crear una nueva sociedad municipal y encargar los refuerzos en los servicios a medios propios como Obimace, Brigadas verdes o Tragsa
Y mágicamente, a pesar de que los costes de personal son un 10 por ciento más elevados en el caso de la contratación mediante una empresa pública (municipal) que para una empresa privada el informe estima que sería algo más barato este refuerzo para la empresa pública que para la privada. 4,4 contra 4,5 millones al año. No es magia en realidad, es que cualquier refuerzo de personal como el que se propone para este caso parte de la base de que ya no se podrán acoger las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, ni en el caso de la empresa pública (que no podrían aunque regresaran las bonificaciones) ni en el caso de la empresa privada dado que los contrataría con el sistema que entró en vigor el pasado 1 de septiembre.
Esto, ni tan siquiera se explica en la memoria, ni tampoco los 100.000 euros de diferencia a favor de la empresa pública en costes de ese refuerzo.
¿100 operarios más?
En términos generales y aproximados, estos tres refuerzos supondrían la contratación unos nuevos 100 operarios (30 de playas, 12 del servicio de recogida de enseres y unos 60 del refuerzo de baldeos suponiendo que cada servicio se componga de 2 operarios) ya sea a cargo de la propia empresa privada o de la nueva sociedad pública.
En la actualidad, como se recoge en la propia memoria en el informe de la Dirección Facultativa del Servicio, Trace cuenta con 512 trabajadores. 345 de ellos prestan servicio de lunes a viernes y otros 167 lo hacen los fines de semana y festivos. En jornadas completas el total es de 405 trabajadores.
Y con esas cifras actuales, un cálculo relativamente sencillo, si 405 jornadas costarían a una empresa pública 22.550.915,29 euros, el resultado del coste medio del jornal de limpieza es de 55.681,27 euros al año. Unos 100 operarios más, siguiendo esa media de coste supondrían en realidad 5.568.127,21 euros más de costes laborales y no 4,5 millones.
Clave del refuerzo y contradicción
Quizás por eso, en las conclusiones del informe lo que decanta la balanza para apostar por municipalizar el servicio no es tanto el coste, sino que la municipalización permitiría encomendar trabajos extras o recurrentes a medios propios como Tragsa, Obimace o Brigadas Verdes sin cortapisa alguna. Tanto así que en realidad ese refuerzo que ascendería a 4,5 millones de euros se recomienda encomendarlo a alguna de esas otras sociedades y no a la nueva sociedad municipal creada ex profeso.
Además en los costes del servicio no se computan, precisamente, los servicios recurrentes de limpieza que en los últimos años se han ido encargando a estos medios propios, ni el millón de euros que aproximadamente encarece la limpieza la Operación Paso del Estrecho cada año.
Y en este apartado es sorprendente la enorme contradicción que se deduce de algunos párrafos para apostar por la municipalización.
Por un lado se afirma que encomendar ese refuerzo en playas, recogida de enseres y baldeos en barrios a medios propios como Tragsa, Obimace o Brigadas Verdes “sólo sería factible si se decide gestionar el servicio de manera directa, ya que, la experiencia vivida durante estos años, pone de manifiesto las muchas dificultades que existen para hacer compatible la gestión indirecta con la utilización complementaria de medios propios”.
Pero por otro se aclara que esos costes como son los 2,1 millones de encargos en limpieza a Tragsa, los de Brigadas Verdes o los de Obimace cubren actuaciones que “se llevan desarrollando, de manera recurrente y consolidada, desde hace varios ejercicios, y figuran en el Presupuesto de la Ciudad”.
O el Gobierno se ha venido saltando las cortapisas legales al hacer esos encargos y por tanto tendría sentido la municipalización para hacer más fácil esos encargos y cumplir la legalidad o esos encargos se pueden seguir haciendo como hasta ahora y carece de sentido sumar esto como ventaja para municipalizar.
Desde este martes, la memoria es pública y durante el próximo mes se pueden presentar alegaciones. La mayoría de los grupos, incluso los que han votado a favor de la memoria, ya han anunciado que alegarán.
