Los trabajadores de la empresa de autobuses Hadú-Almadraba dejarán de cubrir desde mañana los servicios de las líneas 4 y 8 –que discurren por las barriadas Loma Colmenar y El Príncipe- en protesta por el clima de inseguridad generado después de que durante el fin de semana dos vehículos de la flota sufrieran dos asaltos violentos a manos de unos atracadores.
La medida de presión adoptada por el comité de empresa es respuesta a la decisión del Gobierno local de abrir expediente a la empresa después de que los trabajadores decidieran limitar la prestación del servicio en las líneas 4 y 8 a un horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes. Los trabajadores han recibido la advertencia de las autoridades municipales como una “provocación”.
“Nadie se ha dirigido hasta ahora a nosotros –aseguraba a primera hora de la mañana el presidente del comité de empresa, José Antonio Blanco- Para que reconsideremos nuestra decisión tiene que haber un compromiso firme de que va a haber mayor presencia policial”.
La dirección de la empresa ha recibido con una actitud comprensiva la decisión de sus trabajadores. El gerente de Hadú-Almadraba, Manuel Cuéllar, ha lamentado que haya sido imposible mantener ninguna reunión personal con ningún responsable político. Cuéllar sí ha tenido la ocasión de solicitar al superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega, la adopción de medidas de refuerzo de la seguridad en los itinerarios de los autobuses.
“Me gustaría reunirme con responsables municipales, pero de nada sirven las reuniones si no hay medidas para reforzar la seguridad”, ha explicado Cuéllar.
Con todo, la presión del Gobierno local aboca a la empresa a comenzar a abrir expedientes a sus trabajadores en virtud de las obligaciones contractuales contraídas con la Ciudad.
Caballas exige que se garantice el servicio
Caballas ha exigido al Gobierno que garantice el servicio público de transporte de viajeros dotándolo de las condiciones adecuadas
El partido ha condenado los graves atentados sufridos por los conductores de autobuses en el desempeño de sus funciones, con el que prestan un servicio público esencial para la colectividad. Los localistas han mostrado su apoyo y solidaridad a toda la plantilla, ya que comprenden su indignación y su temor.
Es por ello, que el partido exige al Gobierno local, que es la administración competente, que adopte las medidas necesarias para garantizar que este servicio público se pueda prestar en las elementales condiciones de seguridad para trabajadores y viajeros.
La formación entiende que los miles de ciudadanos honrados y pacíficos de las barriadas en las que sucedieron los hechos no se pueden ver privados de este servicio porque es injusto. Es el Gobierno el que tiene la obligación de actuar, y de manera inmediata, para restablecer la normalidad. A estos efectos, queremos recordar que el presidente tiene a su disposición, para su seguridad personal, hasta seis policías.
