Desde el año 2015 los hijos de las víctimas de violencia de género recibieron oficialmente la misma catalogación. A raíz de ello. la Administración ha estado obligada a otorgarles una serie de medidas civiles que “no se están concediendo”, apunta María del Mar Feria, asesora para la Delegación del Gobierno en esta materia. Un asunto que entre hoy y mañana jueves recibirá toda la atención de los asistentes durante las primeras jornadas de respuesta de la Administración a la violencia de género que acoge el campus universitario.
Los menores van a copar estos dos días de mesas redondas en los que diferentes expertos disertarán sobre la necesidad de visibilizar el problema que padecen, sus consecuencias y la necesidad de adoptar un protocolo de medidas que, hasta ahora, es insuficiente.
“Queremos demandar y poner encima de la mesa que cuando se solicita una orden de protección y se otorga, porque no siempre es así, se conceden medidas penales, pero también necesitamos las civiles”, explica Feria, que incide tanto en la relevancia de esas medidas como en el atestado policial, “que es fundamental para que la Fiscalía pueda disponer de herramientas para elaborar la parte acusatoria”.
La delegada del Gobierno ha respaldado en su discurso de inauguración esta necesidad de la que adolece la Administración, a la vez que ha destacado el paquete de medidas impulsado por el Gobierno como respuesta al repunte de casos que se produjo tras la finalización del estado de alarma.
Las jornadas, que han copado el aforo máximo permitido – 175 personas, han contado con la intervención de expertos en la materia como el jefe de la UFAN, al jefe médico forense, o el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz.
