«Estoy completamente seguro de que las administraciones implicadas, tanto del Gobierno de la Ciudad como la Delegación del Gobierno, actuaron conforme al principio de legalidad y, sobre todo, pensando en el interés principal de los menores». El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha vuelto a mostrar este martes en Ceuta su apoyo al proceso administrativo que en agosto de 2021 permitió la devolución desde la ciudad a Marruecos de 55 menores marroquíes. Los jóvenes habían accedido a Ceuta durante la crisis migratoria de mayo.
Pérez ha mostrado su convicción de que el proceso judicial abierto por estas repatriaciones concluirá con la idea de que «se actuó siempre conforme al principio de legalidad». El secretario de Estado ha rehuido hacer más valoraciones apelando a que el procedimiento judicial continúa abierto. La Fiscalía reclama para la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos y la vicepreisdenta primera del Gobierno municipal, Mabel Deu, una pena de 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos electivos y para desempeñar funciones de gobierno por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
Según consideró en su día la Fiscalía, «se acordó repatriar la devolución de los menores, sin determinar si alguno de ellos se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen o si con ello el interés del menor podía verse perjudicado».
Este proceso judicial se inició a raíz de la denuncia presentada por la asociación pro derechos humanos «L’Escola AC» el 27 de agosto de 2021 ante la Fiscalía de Menores de Granada, que a su vez trasladó el caso a la Fiscalía Provincial y ésta, por último, la remitió a la Fiscalía de Ceuta.
