Para cuando el edificio del Banco de España abra como nueva sede judicial habrán pasado casi nueve años desde que el Ministerio de Justicia se hiciera con el edificio para dedicarlo a albergar varios de los juzgados dispersos por distintos inmuebles de la ciudad. El 22 de septiembre de 2014, la sede de la Delegación del Gobierno era escenario del acto de la firma de la cesión del inmueble por el Ministerio de Hacienda al de Justicia. En aquellos días, aunque sin precisar fechas para la finalización de las obras, la Delegación celebró: «No será de las más lentas». Los trabajos, cuyo plazo de ejecución se estimó en 18 meses, deberían de haber concluido, según el primer plazo fijado, en junio de 2017.
Sin embargo, tras años de demoras y aplazamientos, no será hasta este próximo 6 de febrero cuando el emblemático edificio del Banco de España abra sus puertas como sede de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 1 y 2, del Juzgado de lo Social y del de Vigilancia Penitenciaria número 1. Sus 2.494 metros cuadrados darán cabida a unas nuevas dependencias judiciales en las que trabajarán 18 funcionarios. Según detallaba esta semana un comunicado de la Delegación del Gobierno la nueva ubicación de los juzgados en un único edificio busca «mejorar la eficiencia organizativa, optimizar todos los recursos disponibles y facilitar a los ciudadanos los trámites que tengan que realizar».
Lejos queda aquel 29 de mayo de 2017, una jornada durante la que el por entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, visitaba las obras que ya estaban en ejecución en el edificio. Catalá anunciaba que las instalaciones se convertirían en noviembre de ese mismo año en una de las sedes de la administración de Justicia en la ciudad. La previsión no resultó muy certera.
La creación de una sede judicial única había sido una de las reivindicaciones históricas de los operadores jurídicos y una demanda reiterada año tras año por el Tribunal Superior de Justicia. El proyecto que finalmente había de ejecutarse preveía que el Banco de España albergase buena parte de las dependencias judiciales que a día de hoy se encuentran distribuidas por distintos emplazamientos, aunque Ceuta seguiría manteniendo sedes judiciales en el Palacio de Justicia de Serrano Orive y en el Ceuta Center.
Los sindicatos y el propio TSJA, este a través de sus memorias anuales, denunciaban la demora crónica del proyecto y, sobre todo, la falta de información procedente del Ministerio de Justicia. No se conocían las razones que deberían justificar cada retraso, ni si finalmente el edificio sería de uso exclusivo para órganos judiciales. Además, la postergación permanente de la fecha final de las obras hacía más evidente las deficiencias de las sedes de los juzgados que se planeaba trasladar a la Plaza de Correos.
El último anuncio del Ministerio parece despejar el panorama. El Banco de España entrará en funcionamiento, finalmente, como sede judicial. Un empeño de resultado tardío cuyo coste Justicia ha cifrado en 3,3 millones de euros.
