Hacía años que los sindicatos no mostraban una satisfacción semejante a la expresada esta semana hacia la actitud negociadora del Gobierno de la Ciudad. Lo que parecía impensable parece que está camino de lograrse: un gran acuerdo sobre una de las reivindicaciones históricas de los representantes de los trabajadores empleados en la Administración Local.
El borrador de Reglamento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) presentado por el Gobierno esta semana a CCOO, UGT y CSIF ha sido recibido con indisimulado entusiasmo por los sindicalistas, algo nada habitual. La aprobación de una RPT para la plantilla de trabajadores de la Ciudad es una de las reivindicaciones más antiguas defendidas por el movimiento sindical. La RPT es un instrumento esencial para garantizar la eficiencia de la gestión de los recursos humanos en las administraciones. Una relevancia que hace tanto más inexplicable que la Ciudad haya carecido de él durante años.
Este instrumento técnico permite la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y contempla, entre otros extremos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional y las retribuciones complementarias.
La RPT de la Ciudad, que según las previsiones podría ser una realidad antes de verano, vendría a subsanar la «caótica» situación actual que denuncian los sindicatos. CCOO, UGT y CSIF apuntan al gasto superfluo que se deriva de desconocer con precisión los recursos disponibles, lo que fuerza en ocasiones a formalizar contrataciones que no serían necesarias si se dispusiera de un conocimiento real del estado de la plantilla municipal. Además, la RPT vendría a corregir la común y denunciada práctica de reconocer retribuciones distintas a trabajadores que, en el día a día, desempeñan exactamente las mismas funciones.
Las negociaciones para la RPT continuaron atascadas durante todo el año pasado, al menos según la versión ofrecida por los representantes sindicales. En noviembre, el director general de Recursos Humanos, Emilio Carreira, comparecía de manera urgente ante los medios de comunicación para sostener que las quejas de CSIF sobre la marcha de las negociaciones no se correspondían con la realidad. Los sindicalistas de CSIF habían llegado a protestar en el pleno de la Asamblea exhibiendo pancartas en las que podía leerse: «Vivas, no engañes a los empleados públicos». Carreira aseguraba entonces que el documento presentado por el Gobierno local respondía a las demandas de los sindicatos, entre las que citó la no discriminación laboral, la valoración correcta de cada puesto, la funcionarización de aquellos que hayan de ser ocupados por funcionarios y el reconocimiento de la peligrosidad asociada a determinados espacios de trabajo.
Poco más de dos meses después, aquel documento ha conseguido madurar hasta el punto de lograr la aquiescencia inicial de los representantes sindicales.
La futura aprobación de la RPT será, sin embargo, solo el principio. El documento servirá de base a las discusiones que desde entonces habrán de plantearse entre sindicatos y Gobierno sobre cuál habrá de ser la mejor manera de gestionar la plantilla. Pero el instrumento para hacerlo con garantías de eficiencia ya será una realidad y no una reivindicación insatisfecha como ha ocurrido hasta hoy.
La RPT no apagará todos los fuegos. La Ciudad y los representantes de los sindicatos tienen todavía por delante una larga discusión sobre cómo encauzar el proceso de funcionarizaciones en la plantilla y, sobre todo, la negociación de un convenio que data de 2004.
