La decisión de Amgvicesa de suspender los servicios de autobús urbano a la barriada El Príncipe a partir de las seis de la tarde como respuesta a los ataques sufridos a manos de vándalos por los vehículos de la flota no es una estrategia nueva ni una medida desconocida para los vecinos de la barriada. La sociedad municipal encargada de la gestión del servicio de transporte urbano decidió limitar el servicio a El Príncipe después de que el pasado jueves uno de sus autobuses fuera apedreado en las proximidades de la barriada.
Los ataques violentos a autobuses se cuentan por decenas en los últimos años. La decisión de recortar horarios o, directamente, de suprimir los servicios ha sido una constante durante el largo periodo en el que el transporte urbano estuvo en manos de la empresa Hadú-Almadraba. Así sucedió, por ejemplo, en febrero de 2020, cuando el comité de salud de la empresa resolvió que los autobuses no accederían a la calle San Daniel en respuesta a los ataques que la flota de autobuses había padecido recientemente. La situación se repitió en noviembre de ese mismo año cuando las agresiones se repitieron. En mayo de 2022, Hadú Almadraba decidió acortar el horario de la línea 7 y modificar su itinerario. Y no han sido estas las únicas ocasiones en las que se han limitado los servicios.
Este tipo de respuestas plantea un dilema que, a día de hoy, continúa sin resolverse: ¿cómo garantizar la seguridad de los trabajadores del servicio sin perjudicar los derechos de los vecinos a disponer de transporte público?
Los vecinos de El Príncipe, respaldado por la formación Ceuta Ya!, han exigido a Amgevicesa que recupere el servicio con la barriada en las mismas condiciones en las que funcionaba antes del apedreamiento de uno de sus autobuses el pasado jueves.
La dimensión del problema no se oculta al Gobierno municipal que, pese a haber insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de idear medidas que prevengan estos incidentes, no ha hecho pública todavía ninguna iniciativa para combatir los actos violentos. Los sindicatos han reiterado en distintas ocasiones la conveniencia de diseñar un plan de seguridad que garantice la integridad de los trabajadores del servicio, aunque, hasta la fecha, no ha trascendido ninguna actuación para impulsarlo.
