La Ciudad

Los sindicatos se mantienen firmes en su rechazo a la privatización de La Esperanza

centro de menores La Esperanza
photo_camera Centro de menores La Esperanza (C.A./ARCHIVO)

Tras más de dos horas de reunión con representantes de la Ciudad, los sindicatos consideran que la de la privatización del centro de menores es una "decisión tomada".

Los sindicatos no cederán. Representantes de CCOO, UGT y CSIF han mantenido esta mañana una reunión de dos horas con responsables de la Ciudad para evaluar los planes del Gobierno respecto al modelo de gestión que se aplicará al centro de menores La Esperanza.

Según detalla el portavoz de UGT en la Ciudad, Antonio Ramírez, los responsables municipales han insistido en que la privatización del centro de menores es una “decisión tomada”.  Los sindicalistas han insistido ante la representación de la Ciudad –integrada por la responsable del Área de Menores, Antonia Palomo, el director general de Menores, León Bendayán, y el director general de Recursos Humanos, Rafael Alarcón- su convicción y la del personal de la necesidad de mantener la gestión pública de la institución y de dotarla de más medios.

Pese a la firmeza del mensaje de la Ciudad, los sindicatos han quedado emplazados mañana a mantener un nuevo contacto con el director general de Menores.

En un comunicado, CSIF ha advertido de que no descarta convocar movilizaciones para frenar la privatización. "No vamos a cesar en nuestro esfuerzo porque no se lleve a caba la externalizacion del servicio", insiste el sindicato.

CCOO y UGT firmaban recientemente un escrito reivindicativo en el que, además de mostrar su rechazo a la externalización del servicio, exponían toda una suerte de reclamaciones: un refuerzo de la plantilla del servicio, que, según denuncian los dos sindicatos, está constituida en un 30% por trabajadores procedentes de la bolsa de empleo;  la recalificación de las categorías para evitar el solapamiento de funciones; la contratación de seguros de responsabilidad civil; la equiparación retributiva entre funcionarios y personal laboral y el paso a segunda actividad de los trabajadores a una edad en torno a los 55 años.

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