El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe que pone en el punto de mira a Tragsa, una empresa pública cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Según el informe, Tragsa está asumiendo actividades que exceden su objeto social.
Tragsa: Un titán de capital público
Fundada en 1977, Tragsa es una sociedad de capital 100% público con el objetivo de contribuir al desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señala que la empresa está realizando encargos para más de un centenar de entidades públicas de toda España, representando el 95% de sus actividades.
Un incremento significativo en los encargos
En los ejercicios de 2021 y 2022, Tragsa recibió 1.370 y 1.671 encargos respectivamente, por un importe total de más de 3.000 millones de euros. Estos encargos representaron un incremento significativo respecto a ejercicios anteriores y para ejecutarlos, Tragsa contó con 10.200 trabajadores en 2022.
Un crecimiento no ponderado
El Tribunal de Cuentas concluye que Tragsa ha extendido su actividad a otros ámbitos que exceden su objeto social. “Teniendo en cuenta el considerable número de medios propios con los que cuenta la Administración, no resulta ponderado el crecimiento de las actuaciones de Tragsa”, apunta el organismo fiscalizador.
Recomendaciones del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas recomienda que en los casos en que Tragsa entienda que el encargo recibido no encaja en las actividades de su objeto social, traslade al poder adjudicador la conveniencia de que se valga de otros medios propios del sector público. Esto se debe a que en el 34% de los expedientes existe ausencia de correlación entre el contenido de los encargos y la cualificación del personal asignado a la ejecución.
Un exceso de actividad
Este exceso de actividad ha llevado a Tragsa a una necesidad de medios superior a la que se tuvo en cuenta cuando se creó como medio propio de la Administración General del Estado. Por este motivo, la compañía ha tenido que contratar a terceros y tener una elevada plantilla de personal temporal, que en 2022 representó el 58% del total.
Tragsa en Ceuta
En Ceuta, Tragsa o Tragsatec, se ha hecho con un número importante de contratos públicos y por extensión, con muchos millones de euros. Entre las últimas encomiendas, el pasado viernes, la Ciudad oficializó un nuevo encargo millonario a Tragsatec, una empresa pública de la que el Estado es el principal accionista y Ceuta posee una acción. Este hecho habilita legalmente a la Ciudad para emplear a Tragsatec como medio propio para el “adecentamiento” de diversas zonas de la localidad y para el mantenimiento de servicios básicos.
Estos nuevos contratos, citados en una disposición del Boletín Oficial de Ceuta (BOCCE), ascienden a 2.150.000 euros. A principios de febrero, la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Gobierno de Ceuta encargó a Tragsa un estudio biomecánico de las condiciones de flexibilidad, estabilidad y valoración de riesgos de caída de las palmeras existentes en espacios públicos de la ciudad. Esta decisión se tomó después de que se produjeran varios incidentes con ejemplares de la especie datilera (Phoenix dactylifera) en los paseos de La Marina y las Palmeras, así como en la plaza de África.
La Consejería de Fomento también encargó la primera fase de las obras de rehabilitación, regeneración y mejora del parque de Santa Catalina, que tiene una superficie de unos 60.000 metros cuadrados. Este encargo, realizado en marzo de 2023 por cuatro millones de euros, tiene un plazo de ejecución de 23 meses.
Por último, a finales de enero, la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte encomendó a Tragsa los servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del complejo Guillermo Molina Ríos, el centro ecuestre y el rocódromo, dependientes del Instituto Ceutí de Deportes (ICD). El presupuesto asignado para este encargo asciende a 182.326,55 euros, a los que hay que sumar 60.000 euros más en concepto de suplidos. El plazo de prestación se fija en seis meses, prorrogable por el mismo periodo de tiempo.
