UPyD continúa con su ronda de contactos con diferentes agentes de la ciudad. Esta ocasión se ha reunido con los responsables de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Desde esta formación apoyan el el derecho a la libertad de opinión y de expresión del colectivo militar como uno de los derechos humanos más importantes “siempre que se ejerzan desde la responsabilidad, el respeto hacia los que opinan de manera diferente e indudablemente desde posiciones críticas constructivas. Todavía queda mucho por hacer en cuanto a la aplicación real de este derecho en nuestras Fuerzas Armadas”.
Una de las principales demandas planteadas por la asociación es la necesidad de implantar una completa profesionalización del ejército español, “actualmente en situación de semiprofesionalidad o pseudoprofesionalización” y es que según UPyD, al entrar en el ejército no se firma un contrato laboral sino “un compromiso, con su consiguiente perjuicio o precariedad laboral, ya que todos por igual tienen los mismos deberes pero no así los derechos, es desproporcional, conforme subimos en la jerarquía militar, los derechos y beneficios correspondientes a cada categoría, primando el rango frente a otros circunstancias personales o socioeconómicas para priorizar”. Para muestra, los de la formación que lidera Julián Domínguez, señalan los criterios a la hora de asignar viviendas o pabellones militares donde, “por ejemplo, una familia numerosa, con familiares afectados por minusvalías e ingresos modestos ocupan una vivienda relativamente pequeña incluso sin ascensor, teniendo que pagar el canon mensual, las reparaciones y gastos comunes frente a los pabellones de cargos, espaciosos, gratuitos y mejor acondicionados”.
Otra de las demandas defendidas es que la vida útil del militar de tropa no debería acabar a los 45 años. “Se debería poder reubicar a este personal, formado y preparado pero que ya no dispone de las mismas capacidades físicas y psíquicas que cuando ingresaron en la administración militar, en unidades burocráticas o logísticas del propio ejército donde podrían aprovechar su experiencia adquirida durante décadas y así, al entrar en los cuarenta, no engrosar las interminables listas del paro u optar a puestos de la Administración civil que podrían crear disfunciones o estancamientos a los funcionarios civiles en su carrera profesional en sus departamentos al llegar estos ex-militares”.
