Este martes está previsto que se celebre la vista por el despido colectivo en el call center IVT (International Vocational Train), un "negocio subvencionado por PROCESA", entidad pública del ayuntamiento de la ciudad, como denuncia CGT.
El sindicato señala que en diciembre de 2022, el presidente de la ciudad "celebró públicamente" la creación de 33 nuevos puestos de trabajo y la llegada de una nueva actividad a Ceuta. Sin embargo, "ahora guarda silencio" ante el despido colectivo y "no aclara" a la ciudadanía las cuantías globales de dinero público que se inyectaron a esta empresa, que CGT califica de "gran mentira y una estafa" para las personas desempleadas que realizaron los cursos de formación para trabajar en Call Center.
La CGT, que legalizó una sección sindical en la empresa y se vio obligada a iniciar acciones legales ante la Inspección de Trabajo, ha exigido públicamente que se adopten medidas de control y se auditen los fondos públicos destinados a la empresa.
La asesoría Jurídica de CGT ha impugnado judicialmente el despido colectivo, en el que ni siquiera se cumplieron los plazos mínimos de preaviso a la plantilla. La central sindicaal confía en que la magistrada del juzgado de lo social de Ceuta declare la violación de la legalidad y anule el despido colectivo.
Este caso, el sindicato pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los fondos públicos. Las responsabilidades políticas, si las hubiera, deben ser aclaradas en otros foros a los que la CGT no tiene acceso.
