"Respecto a los contactos que se están manteniendo entre la Ciudad y Trace, adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, para una posible rescisión, de mutuo acuerdo del contrato, esta Administración quiere manifestar que este desenlace siempre estaría sometido y condicionado por tres requisitos que son irrenunciables: 1.- La resolución del contrato estaría justificada por razones de interés general, es decir, por la mejora en la calidad del servicio. 2.- De producirse, esta resolución de mutuo acuerdo cumpliría con todos los procedimientos legalmente establecidos. 3.- Quedaría garantizado el mantenimiento del empleo y de los derechos adquiridos, así como de las condiciones laborales de los trabajadores", así reza el comunicado remitido por el Gobierno y con el que pretender zanjar cualquier duda existente.
Al mismo tiempo, el escrito también sirve para rectificar las palabras ayer emitidas por el portavoz del Gobierno. Jacob Hachuel aseguraba que el Ejecutivo no garantizaba los puestos de trabajo de la plantilla de la limpieza pública si el servicio acaba cambiando de manos, que serían los servicios jurídicos los que determinarían todos los aspectos de la transferencia del servicio, incluida la situación de los trabajadores. “Que se pueden conservar los puestos de trabajo, fenomenal; que pueden llegar a ampliarse, miel sobre hojuelas; otra cosa es que después se pueda o no hacer”, eran las palabras exactas de Hachuel.
Rápidamente, el comité de empresa de Trace lanzaba la siguiente advertencia: “Que se atrevan a tocar un puesto de trabajo si quieren guerra”.
La Ciudad y la empresa Trace sostienen conversaciones para rescindir el contrato que las compromete. La intención del Gobierno local y de la adjudicataria es la de que, finalmente, la rescisión sea un hecho.
Mientras, el Gobierno se resiste a dar por buenas las informaciones que apuntan a la sociedad estatal Tragsa como la futura prestataria definitiva del servicio.
