Consideradas como claves para luchar contra la contaminación atmosférica, las denominadas zonas de bajas emisiones (ZBE) son un aliado inestimable en la lucha contra la mortalidad generada por la polución del aire. Estas áreas de bajas emisiones imponen restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Europa registra cada año 400.000 muertes derivadas de la condena de respirar el aire viciado de las ciudades.
Las ZBE se convierten en este contexto en una herramienta para preservar la salud pública, una evidencia científica que, como tantas otras en los últimos tiempos, es contestada desde las trincheras ideológicas de las organizaciones políticas más reaccionarias.
«Es pura agenda 2030 y pura política ideológica diseñada para perjudicar ex profeso la libertad de los ciudadanos», sostenía sin ir más lejos esta misma semana en el pleno de la Asamblea de Ceuta el portavoz de Vox, Sergio Redondo.
El marco estratégico regulatorio que ha propuesto España para combatir las amenazas al medio ambiente y sus consecuencias sobre la salud pública no es del agrado de la extrema derecha española. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Movilidad Segura Conectada y Sostenible 2030, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 y la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte conforman el aparataje normativo diseñado para lidiar con uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la humanidad en este siglo.
Restricciones y resistencias
El nuevo marco legal impone restricciones a la circulación de vehículos en las nuevas ZBE. Así, por ejemplo, no podrán circular por ellas los vehículos de gasolina con una antigüedad previa a enero de 2000 y los diésel anteriores a 2006, ya que no cumplen con ningún tipo de normativa anticontaminación
Aunque resulte inaudito, la resistencia a ejecutar la ley suma no pocos adalides en España. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha llegado a llevar a pleno una moratoria para retrasar tres años la entrada en vigor de la ZBE en su municipio. La Ley de Cambio Climático, 7/2021, de 20 de mayo, obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar las ZBE antes del 1 de enero de este año. Un real decreto posterior prorrogó 18 meses la aplicación de la medida para los municipios que se encontrasen en la fase de desarrollo del proceso. García Albiol pretende demorarla hasta 2027.
La ZBE en Ceuta
A día de hoy, solo funcionan 14 de las 149 zonas de bajas emisiones obligatorias. Ceuta es una de las acogidas a la prórroga. El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, sostiene que la ZBE encuentra un camino abonado en las calles del centro ya peatonalizadas. Según ha explicado esta misma semana, el Gobierno debe ahora determinar qué otras vías se integrarán también en estas áreas de bajas emisiones. Aunque ha descartado que calles como el Recinto, Santander, la Avenida Juan Pablo II o la Marina Española vayan a ser objeto de restricciones.
Las objeciones de Vox a la puesta en funcionamiento de las ZBE son gemelas de las que arguye el popular García Albiol para justificar las suyas. «Es una falta de responsabilidad castigar a los vecinos que no pueden gastarse 30.000 o 40.000 euros en un vehículo nuevo», sostiene el alcalde de Badalona. « La mayoría no podía acceder porque no tienen un coche híbrido, lo que perjudicaría la movilidad de los ciudadanos en una ciudad con las características de Ceuta», argumenta el líder del partido de la extrema derecha en Ceuta.
La resistencia a aplicar la ley quiere encontrar un aliado en la ausencia de un régimen sancionador en la Ley del Cambio Climático. Pero la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, se ha mostrado contundente: el municipio que no aplique la ley será llevado a los tribunales para que devuelva los fondos europeos recibidos.
La puesta en marcha de las ZBE se cubre con financiación proveniente de los fondos de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros aprobado y entregado por el Gobierno central.
