Casi seis meses después de su llegada al Palacio de Santa Cruz, José Manuel Albares encara el 2022 sin haber conseguido resolver la crisis diplomática con Marruecos, como ha quedado de manifiesto en la última semana tras el nuevo rifirrafe entre ambos gobiernos, esta vez por la gestión de la COVID-19.
Nada más tomar el relevo a Arancha González Laya al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Albares dejó claro que su intención era revertir la peor crisis con el reino vecino desde la del islote Perejil en 2002 aunque mantuvo la línea de su predecesora de total discreción en lo relativo a Marruecos.
Pronto llegaron "señales positivas" desde Rabat, en forma de un discurso del rey Mohamed VI en agosto, en el que expresaba su intención de "inaugurar una nueva etapa inédita" en la relación bilateral sustentada en "la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos".
Pero en los meses sucesivos la forma de actuar de Marruecos ha puesto en duda esta voluntad de dejar atrás "una crisis inédita", como reconoció el monarca alauí, motivada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por motivos humanitarios y también por la negativa del Gobierno a reconocer el Sáhara Occidental como marroquí.
Así, además de mantener cerradas las fronteras con Ceuta y Melilla, las autoridades marroquíes han dado luz verde a la instalación de una piscifactoría en las inmediaciones de las islas Chafarinas, lo cual motivó la queja del Gobierno español mediante una nota verbal tras constatar la actuación en lo que son aguas españolas "sin los permisos necesarios para esa actividad".
A esto se suma también el contrato firmado recientemente por Marruecos con la empresa israelí Ratio Petroleum Energy para explorar la búsqueda de petróleo y gas en la costa saharaui cercana a Dajla, si bien el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que Exteriores le ha garantizado que el proyecto no colisiona con las aguas canarias.
