La vídeo vigilancia en los autobuses urbanos que ahora explota y gestiona la empresa municipal Amgevicesa tendrá que ser autorizada por un juzgado después de cumplir con unos estrictos requisitos que garanticen la intimidad y la protección de datos de los pasajeros y los conductores. Así lo ha explicado la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, que ha sustituido este miércoles en el Pleno de la Asamblea a su compañero de Fomento, Alejandro Ramírez, ausente, ante una pregunta planteada por el portavoz de los socialistas, Sebastián Guerrero.
El PSOE ha planteado la cuestión preocupado por la creciente inseguridad que se vive en las rutas de los autobuses. “No hay semana que los buses no sean noticia y las últimas apuntan a delincuencia y vandalismo. Hacen falta nuevas medidas de seguridad. Hasta ahora el Gobierno se limitaba a exigir estas medidas a la concesionaria. Pero ya no vale esa excusa, es el Gobierno ahora el único responsable de garantizar la seguridad de los pasajeros y los conductores”, ha arrancado Guerrero.
Los socialistas están de acuerdo con la instalación de las cámaras, pero requieren un plan más amplio que podría pasar por involucrar a la Policía Local o a vigilantes de seguridad, no están de acuerdo con la figura del auxiliar que también ha barajado el Gobierno. Y reclaman agilidad en la instalación de las cámaras.
Ahí Chandiramani ha explicado que la instalación de las cámara requiere de un proceso de estudio para garantizar la intimidad de pasajeros y conductores. Un proyecto legal que trabaja ya Amgevicesa y que pasa por justificar la proporcionalidad de la medida, la información adecuada a pasajeros y conductores, la protección de los datos personales, dado que “las imágenes captadas son datos personales y por tanto deben ser tratados conforme a la normativa de protección de datos”.
Eso significa tener claro qué personas estarán autorizada para acceder a las imágenes y poder establecer una trazabilidad clara de esos accesos, y dar opción a los afectados a las reclamaciones pertinentes y que se borren en un mes, salvo que se requieran para esclarecer algún delito. Por último al igual que pasó con las de ‘Safe City’ su instalación deberá ser autorizada por un juez.
Evolución del PSOE
Ante todos esos trámites descritos por Chandiramani, el portavoz socialista, Sebastián Guerrero, se ha quejado: “me habla de trámites eternos por lo que veo para colocar las cámaras o informar a los usuarios. Todos tenemos cámaras en los edificios y garajes y zonas comerciales y no hace falta tanto trámite”, ha espetado.
Su posicionamiento supone un cambio notable, dado que fue precisamente la dura oposición socialista la que forzó en su día que las cámaras que hoy lucen en buena parte del territorio urbano de la ciudad tuvieran que ser autorizadas por un juez. Entendieron en su día, hace ya más de una década que esas cámaras ponían en riesgo el derecho a la intimidad de la ciudadanía. Ahora las reclaman con celeridad en los autobuses.
Chandiramani puesto sobre la mesa también la posibilidad de establecer alguna clase de plan educativo para que sean los propios escolares los que acaben tomando conciencia de la necesidad de no vandalizar los autobuses y respetar su función social.
Al tiempo ha negado la eternidad de los trámites: “No digo que sea imposible ni que se vaya alargar en el tiempo, digo que hay que cumplir con los trámites legales”, ha cerrado Chandiramani.
