“Es una persona capacitada, competente y con experiencia”. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, recibía el nombramiento de la nueva delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, en junio del pasado año con un entusiasmo impropio de quien milita en las filas adversarias. Aquella generosa bienvenida parecía inaugurar de la mejor manera la coexistencia recién estrenada entre populares y socialistas en Ceuta. El tiempo revelaría que no se trataba sino de un espejismo.
El deterioro de las relaciones vivió pronto su primer episodio. Los colapsos de tráfico registrados a comienzos de agosto dieron lugar al primer reproche entre las partes, una queja oficializada ante los medios de comunicación por el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Juan Hernández. El socialista acusó a la Ciudad de no haber proporcionado los agentes de la Policía Local que le fueron requeridos para reforzar el dispositivo de control del tráfico establecido por la Guardia Civil.
Vivas asiste al acto de toma de posesión de Mateos el pasado junio (C.A./ARCHIVO)
La respuesta de la Ciudad no tardó en llegar. El portavoz del Gobierno municipal, Jacob Hachuel, atribuyó el caos circulatorio vivido en la carretera nacional a la “falta de previsión” y formuló por primera vez el reproche que en los últimos días no ha cesado de repetir: la Delegación del Gobierno ha sido desleal.
Como ya hiciera en agosto pasado, Hachuel ha sido quien ha ejercido como el dedo acusador de la Ciudad en los rifirrafes que durante los últimos días han mantenido las dos administraciones. Mientras el presidente Vivas ha lanzado sus reproches directamente contra el Gobierno central, su consejero de Gobernación es quien se ha ocupado de personalizar sus críticas en el equipo directivo de la delegada Mateos.
Las relaciones de la Ciudad y la Delegación entraron, a continuación, en un periodo de pacificación que se prolongó durante seis meses, tiempo en el que hubo ocasión de mostrar, incluso, gestos de buena voluntad. En octubre pasado, Juan Hernández anunciaba que la delegada Mateos trasladaría al Ministerio del Interior la petición formulada por el Gobierno municipal de compartir con la administración central los gastos generados por el mantenimiento del área de embolsamiento de Loma Colmenar.
Poco más de dos meses más tarde, el estacionamiento de vehículos habilitado junto a la frontera para aliviar el tráfico en la 352 sería, precisamente una de las causas de la ruptura del “armisticio” entre las partes. La Delegación negó disponer de información del coste anual que entrañaba la gestión del embolsamiento, por lo que, según Hernández, no era posible atender la petición de compartir gastos planteada por el Ayuntamiento. La Ciudad le reprochó que no se atuviese a la realidad, y recordó que durante las reuniones mantenidas durante las semanas anteriores se confió que el gasto que se solicitaba compartir ascendía al millón de euros.
No hubo que esperar mucho a que las acusaciones de “deslealtad” volvieran a dejarse oír.
Mientras Vivas censuraba al Gobierno central la retirada del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de la partida de 2,4 millones destinada a asistir a los menores extranjeros no acompañados y afeaba el trato dispensado por Madrid a Ceuta, Hachuel era el encargado de personalizar las críticas en la Delegación del Gobierno.
El anuncio formulado la pasada semana por el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, en la sede de la Plaza de los Reyes no fue precisamente de ayuda. Gutiérrez anunció que la gestión de los Planes de Empleo, hasta ahora en manos de la Ciudad, pasaría a ser asumida por la Delegación del Gobierno.
La reacción de la Ciudad, nuevamente por boca de Hachuel, no se hizo esperar. El portavoz criticó a la Delegación por no informar previamente de la adopción de esta medida al Gobierno municipal y calificó de “decepcionante” el modo de proceder de la representación del Estado en Ceuta. “Si se plantea un cambio integral en las políticas activas de empleo debería contarse con la opinión de la Ciudad y de los agentes sociales”, opuso Hachuel el pasado viernes.
La brecha abierta entre la Delegación del Gobierno y la Ciudad ha comenzado a profundizarse en vísperas del comienzo de una campaña electoral que, a efectos prácticos, está a punto de comenzar.
“Vamos a trabajar de manera conjunta y constructiva”, auguraba el presidente Vivas hace seis meses. El transcurso del tiempo y, sobre todo, el fragor de la batalla electoral que se avecina confirmarán o no su vaticinio.
