Los servicios jurídicos de la Ciudad estudiarán si cabe iniciar alguna medida legal por las declaraciones de tres personas que aseguraron tener constancia de que menores acogidos habían sido presionados para acusar al exconsejero Javier Guerrero de comportamientos impropios. Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán. El Juzgado de Instrucción número 2 ha ordenado recientemente el archivo de las actuaciones abiertas para investigar la solidez de tales acusaciones.
Las manifestaciones de estas tres personas señalaban al director del Centro de Realojo Temporal y a dos trabajadores de la Fundación Samu que prestan servicio en las instalaciones. «Nunca hemos dudado de la honorabilidad de los trabajadores del Área de Menores por lo que nos satisface la resolución judicial», ha valorado Gaitán.
En declaraciones públicas ante los medios de comunicación, Guerrero aludió a la existencia de una «trama» organizada para perjudicar su figura y la reputación del partido que, bajo el nombre de «Ceuta Avanza», había fundado con el propósito de concurrir a las próximas elecciones municipales. Guerrero reaccionaba así a la publicación en «El Faro de Ceuta» de una información en la que se daba cuenta de que el Área de Menores había decidido vetar el acceso del exconsejero a sus centros dada la frecuencia con la que los visitaba tras el estallido de la crisis migratoria de mayo del pasado año.
