Política

El juez ordena el cotejo de los móviles de Ruiz y Redondo por los whatsapps racistas de Vox

Redondo y Ruiz, a su salida del Palacio de Justicia tras prestar declaración (C.A.)
photo_camera Redondo y Ruiz, a su salida del Palacio de Justicia tras prestar declaración (C.A.)

Los diputados a la Asamblea Juan Sergio Redondo y Francisco Javier Ruiz han declarado esta mañana ante el juez como investigados por la presunta comisión de un delito de odio. La senadora Yolanda Melero lo ha hecho como testigo.

Los diputados a la Asamblea por Vox Juan Sergio Redondo y Francisco Javier Ruiz han pasado esta mañana por el Juzgado de Instrucción número 5 para declarar en calidad de investigados por los whatsapps de contenido racista y xenófobo que presuntamente se intercambiaron en un grupo formado por militantes del partido. Ambos, acusados de la presunta comisión de un delito de odio, se han negado a responder a las preguntas formuladas por la acusación popular ejercida por la formación política MDyC.

El juez ha ordenado a los dos diputados a la Asamblea que entregaran sus teléfonos móviles para cotejar el contenido de las aplicaciones en las que se volcaron los mensajes que han llevado a los parlamentarios ultraderechistas ante los tribunales. Redondo ha objetado que no disponía de móvil en ese momento, ante lo cual el juez la ha instado a salir del Palacio de Justicia para ir a buscarlo. A toda prisa, el presidente de Vox ha abandonado las instalaciones para regresar a los pocos minutos con su teléfono.

En sus respuestas al juez y a su letrada, tanto Redondo como Ruiz han insistido en asegurar que no recordaban los detalles sobre los que se les preguntaban.

Al acto también ha asistido de forma voluntaria la senadora de Vox Yolanda Melero, quien ha prestado declaración como testigo al no poder hacerlo en calidad de investigada ya que su condición de aforada lo impedía.

 

Mensajes racistas

La revelación a comienzos del año pasado de una serie de mensajes de WhatsApp atribuidos a los dirigentes del partido en Ceuta conmocionó la escena política local. Los mensajes, publicados en distintos medios de comunicación, recogían  aseveraciones que difícilmente ocuparían líneas en el discurso público de un partido democrático.

En ellos, dirigentes de Vox Ceuta hablaban entre sí de una presunta “islamización” de la ciudad, a la que consideraban víctima de un proceso de “palestinización”. Otros mensajes se asemejaban a una profecía: “La Tercera Guerra Mundial tendrá que empezar algún día: y será contra el Islam”. Algunos parecían un lamento: “Que haya españoles que digan que tenemos que tragar moros por cojones”. Los había también que advertían de que tras “dar la batalla en el terreno electoral” no resultará extraño “que al final haya que combatir militarmente”. Y una enmienda a la totalidad a las invocaciones a la convivencia que usualmente suele cultivar el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. “Éste es el tipo de pensamiento cuyo único responsable ha sido Juan Vivas y su mierda de la Ceuta de las cuatro culturas”.

El Juzgado de Instrucción número 5 archivaba en febrero de 2020 la denuncia interpuesta por la Fiscalía por la presunta comisión de un delito de odio. El auto del juez subrayaba que los whatsapps no suponían una provocación a la comisión de actos delictivos, se encuadraban en un contexto político y fueron difundidos sin el consentimiento de sus autores. La Fiscalía y la formación MDyC recurrieron esta resolución.

A punto de cumplirse un año de aquella decisión, la Audiencia Provincial ordenaba el mes pasado al Juzgado reabrir el caso, incoar diligencias previas y practicar las pruebas propuestas por las partes. “Resulta contradictorio que, después de argumentar la inexistencia del delito se acuerde el sobreseimiento provisional que se basaría en la insuficiencia para justificar la existencia de indicios de unas diligencias que nunca se practicaron y provocando, además, una situación de provisionalidad que no se corresponde con la línea argumentativa que la propia resolución contiene, pudiendo quedar los denunciados con un procedimiento penal cerrado en falso durante todo el tiempo que dure la prescripción del delito imputado”, razonaba el auto de la Audiencia.

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