La noche del martes, un grupo de manifestantes se concentró frente a la sede del PSOE en Madrid para protestar contra la Ley de Amnistía que el Gobierno pretende aprobar. Con gritos de "Viva Franco" y "Abajo la Constitución", los asistentes mostraron su rechazo a la medida que busca cerrar las heridas del pasado y reconocer a las víctimas de la dictadura. Los manifestantes, convocados por organizaciones de extrema derecha como Falange Española y Democracia Nacional, y alentados por VOX, portaban banderas franquistas y hacían el saludo fascista, mientras lanzaban insultos y amenazas contra el presidente Pedro Sánchez y su gabinete.
Desde que tras el 15M se inaugurara en España una forma de entender la protesta ciudadana con acciones como el "escrache", hemos vivido situaciones de ataques personales y no a la idea misma, como lo vivido por Pablo Iglesias e Irene Montero a las puertas de su chalet. Lo sucedido al caer la noche contra las sedes del PSOE no es más que un intento de coacción de la voluntad colectiva, expresada en las urnas, por parte de una minoría que se niega a aceptar el resultado democrático. Estos grupos radicales pretenden imponer su visión del pasado y del presente, negando la legitimidad de un Gobierno que cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria y social.
En un sistema democrático, el derecho a manifestarse es fundamental, pero también lo es el respeto a las instituciones y a los representantes políticos. Atacar las sedes de los partidos políticos, especialmente los que forman parte del Gobierno, es una forma de violencia que busca intimidar y deslegitimar al poder legítimo. Es una actitud antidemocrática que no tiene cabida en una sociedad plural y tolerante. Los partidos políticos son la expresión de la diversidad de opiniones y de intereses que existen en una sociedad, y su labor es fundamental para el funcionamiento del Estado de derecho y la defensa del interés general.
Además, los elementos simbólicos mostrados en la manifestación revelan el carácter reaccionario y fascista de algunos sectores convocantes Banderas franquistas, saludos fascistas y consignas contra la Constitución son signos de una ideología que niega los valores democráticos y los derechos humanos. Como dijo el filósofo Karl Popper, no hay que tolerar a los intolerantes, porque ponen en peligro la convivencia pacífica y la libertad de todos. La carga policial está justificada y las palabras de Santiago Abascal, llamando a la insubordinación contra los mandos, es llamar a la sedición.
Aunque muchos ciudadanos no tenemos claro el encaje constitucional de esta medida de gracia, que parece contradecir el principio de igualdad ante la ley y el respeto al ordenamiento jurídico, el respeto a la democracia se opone a la violencia callejera contra la soberanía popular.
Existen vías cívicas contra la propuesta del Gobierno que pasan por la tutela del Poder Judicial, que podría declarar la inconstitucionalidad de la ley, hasta la protesta pacífica en las calles, que es un derecho fundamental de los ciudadanos en una democracia. Esperemos que así sea el tono de las manifestaciones que se producirán este domingo ante el llamado del PP.
