La resolución llega tras estimar parcialmente el Tribunal el recurso presentado por el secretario de la Confederación Nacional de la Construcción contra el encargo efectuado el 5 de diciembre de 2018 por la Consejería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Pública a favor de la empresa Tragsa para la redacción de un proyecto y ejecución de las obras de adecuación funcional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En su resolución, el Tribunal precisa que prescindiendo de las funciones relativas a la informática y a la atención de emergencias, la actividad propia de Tragsa queda referida, “por voluntad del legislador, al entorno rural”.
Es por ello, según la resolución, que cualquier duda que pueda plantearse respecto a la habilitación de Tragsa para actuar en la ejecución de obras urbana debe resolverse, “en sentido negativo”, acudiendo a una interpretación sistemática o conjunta de la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público y al criterio de interpretación estricto resulta aplicable a la figura de medio propio.
Caballas ha desvelado el contenido de la resolución, esgrimiendo que en esta última legislatura “hemos asistido como el Gobierno del Partido Popular, saltándose la licitación pública, de forma desenfrenada y sin control, le ha dado a dedo todas las obras públicas a Tragsa, elevando de una forma muy importante el coste de las mismas. En concreto una cifra cercana a las 40 obras, entre las que figura, como de especial relevancia, las llevadas a cabo en la Gran Vía.
En un comunicado, la formación precisa que ahora, tenemos una resolución del TACRC que dice claramente que "no es admisible que Tragsa pueda ejecutar obras en zonas o núcleos urbanos, como empresa constructora del sector público estatal, autonómica y provincial, en claro detrimento de la competencia". En este sentido ha recordado que este argumento legal fue esgrimido en numerosas ocasiones en el Pleno por Caballas durante toda la anterior legislatura “y siempre nos encontramos con la sinrazón de la mayoría absoluta del PP”.
El Tribunal confirma que la ejecución de obras por parte de TRAGSA en el núcleo urbano contraviene su objeto social, y que el argumento del "medio propio" no puede, ni exceder dicho objeto social, ni contravenir el principio de concurrencia.
Desde el partido localista se dice que la irresponsabilidad del Gobierno de Vivas ha provocado que las obras que está ejecutando Tragsa en la ciudad, “estén en su mayoría fuera de plazo, mal ejecutadas y con subcontratas de fuera de Ceuta que no pagan a sus trabajadores o los tienen en precario”. Además resalta el impacto negativo que ha provocado al sector local de la construcción, “maltratando a las empresas locales, y suponiendo, al saltarse la licitación pública, un sobrecoste desproporcionado del precio de las obras que tendrán que pagar los ciudadanos y ciudadanas”.
Ante la resolución, Caballas pide al Gobierno local que responda si piensa seguir haciendo encargos a Tragsa para obras en la ciudad, y sin va a anular los encargos que aún no han sido ejecutados
