Juicio contra el expresidente de la Autoridad Portuaria

Torrado asegura que todas las decisiones se adoptaron conforme a la ley, sin ningún propósito de beneficiar a Mahersa

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta (APCE) José Torrado se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial para enfrentarse a una petición de penas de cinco años de cárcel, quince de inhabilitación absoluta y doce de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo.

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta (APCE) José Torrado se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial para enfrentarse a una petición de penas de cinco años de cárcel, quince de inhabilitación absoluta y doce de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo. Torrado está acusado de los delitos de prevaricación administrativa y malversación por favorecer presuntamente a Marina de Hércules S.A. (Mahersa), concesionaria de la gestión del puerto deportivo.

La acusación que pesa sobre el expresidente le considera responsable de un quebranto de las arcas de la APCE estimado en 1.476.889 euros. La Fiscalía reclama que Torrado restituya este dinero a la institución portuaria.

Torrado ha comenzado a declarar y ha asegurado que todas las decisiones se adptaron conforme a la ley y sin ningún propósito de beneficiar a Mahersa. El que fuera presidente de la Autoridad Portuaria atribuye el malestar de los usuarios a la subida de tarifas que implicó el cambio de régimen de explotación del Puerto. Hasta 2003 el servicio lo había prestado el CAS con arreglo a un convenio. 

El juicio continúa. Tras la declaración de Torrado tocará el turno de los testigos que está previsto comparezcan esta tarde o mañana. 

Los hechos se remontan al año 2006, fecha en la que se formaliza la adjudicación a Mahersa de la gestión del puerto deportivo conforme a un pliego de condiciones que, entre otras estipulaciones, fijaba la prohibición de incrementar por encima del 10% las tasas de atraque vigentes en ese momento. El pliego cuantificaba en 415.172,18 euros el canon que la adjudicataria debería abonar anualmente a la APCE.

Tras hacerse con la adjudicación, y conforme a la acusación que pesa sobre Torrado, Mahersa se vio beneficiada por el incremento del 10% al 13% del límite máximo contemplado en el pliego para la actualización de las tasas. Además, en el primer año de la explotación del puerto deportivo, la APCE redujo el canon de los más de 415.000 euros inicialmente establecidos a 157.236,74.

Entre 2007 y 2012, el expresidente habría dictado resoluciones para avalar la rebaja de las tasas anuales que debía satisfacer el concesionario, lo que privó al Puerto de percibir cuantiosas cantidades de dinero: 92.346,65, en 2007; 182.519,45, en 2008; 240.665,21, en 2009; 235.593,12, en 2010; 240.717,12, en 2011; y 238.370,83, en 2012.

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