Un día como hoy de 1959 se firma en Nueva York la Declaración de los Derechos del Niño y el mismo 20 de noviembre de 1989 se firma la Convención sobre los Derechos del Niño, a pesar de que ambos textos recogen en su articulado un conjunto de derechos fundamentales para la protección de la infancia y que deberían ser de obligado cumplimiento, lo cierto es que no son pocos los países que incumplen los textos citados.
En el presente artículo no solo vengo a denunciar la situación de los Derechos del Niño de numerosos lugares del mundo (la desnutrición infantil, el tráfico de niños/as, los 57.781.000 de niños/as, en su mayoría niñas que estando en edad no acuden a un centro escolar, la falta de identidad de miles de menores, la situación de los niños/as desplazados y refugiados, las altas tasas de mortalidad infantil, el trabajo en condiciones infrahumanas y degradantes, el maltrato infantil, la situación de los niños soldados …).
Sino que también quiero llamar la atención sobre la situación de los Derechos del Niño en los países de nuestro entorno y en nuestro propio país y que he extraído del último informe del Comité de los Derechos del Niño de 2012, reparando en un apartado que por desgracia nos es familiar y que a continuación transcribo: “el Comité también observó con preocupación una serie de tendencias mundiales y regionales que entorpecen los nuevos avances en la puesta en práctica de los derechos del niño.
La persistencia de la crisis económica y financiera en los últimos años está afectando la aplicación de la Convención tanto en los países desarrollados como en desarrollo, causando, entre otras cosas, drásticos recortes sociales, la reducción de las oportunidades de empleo —especialmente entre los jóvenes y las mujeres—, el incremento de los precios de los alimentos y los combustibles, la reducción de los servicios de salud para los más necesitados, el aumento de la deserción escolar y la disminución de la protección social de los niños y las familias en situación de vulnerabilidad, además de la desaceleración del crecimiento económico.
Los Estados no deben perder de vista que, habida cuenta de la crisis económica que afecta tanto a los países en desarrollo como a los industrializados, que genera medidas de reducción de costos tanto en el ámbito nacional como en la cooperación internacional, se plantea la necesidad de proteger, mantener e incluso incrementar los esfuerzos y la inversión en materia de políticas sociales, especialmente en la esfera de los derechos del niño. En tiempos de austeridad fiscal, mantener e incluso aumentar la financiación de las políticas sociales y la protección social de los que se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad, aplicando un criterio de equidad y centrándose en los niños, generará abundantes beneficios económicos y en materia de desarrollo”. Informe del Comité de los Derechos del Niño 2012.
