Remitidos

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Trabajadoras transfronterizas, ERTE y Seguridad social

Empleadas de hogar transfronterizas (ARCHIVO)
photo_cameraEmpleadas de hogar transfronterizas (ARCHIVO)

La Delegación del Gobierno no debería quedarse de brazos cruzados ante esta situación particular de nuestra ciudad.

Tras el cierre de la frontera por parte de las autoridades marroquíes, un día antes de decretarse el Estado de Alarma por el Gobierno socialista, la mayoría de los trabajadores transfronterizos no han podido acudir a sus trabajos en nuestra ciudad. Una situación particular propia de nuestra situación fronteriza con un segundo país.

Se calculan en unas 2.000 las empleadas de hogar que tienen contrato en hogares ceutíes y que desde el día 13 de marzo no pueden acudir a lo que no deja de ser su puesto de trabajo. Por razones de fuerza mayor no pueden ejercer un trabajo, por el que se les paga y cotiza, por lo que se supone, de hecho, algún tipo de suspensión del contrato vigente.

Ante la avalancha de consultas, la Seguridad Social ha terminado sugiriendo la posibilidad de darles una baja no voluntaria en tanto se mantenga la imposibilidad de trabajar. Una baja impuesta por una frontera cerrada en ambos lados, ya que se presume que la baja no la quieren ni el empleador ni la empleada. Y con ello entendemos que cuando se abra de nuevo la frontera se activará la oportuna alta en la Seguridad Social y la reactivación del correspondiente contrato.

Sin embargo, a los empleadores se les plantea desde la Tesorería de la S.S. que no podrán mantener la bonificación de un 20% en la cotización por contingencias comunes, actualmente vigente. Por su parte la Delegación del Gobierno se ha quitado de en medio el marrón, aludiendo vagamente a la legislación vigente en materia de extranjería.

Así no se está al servicio de los ciudadanos, ni se da solución a sus problemas. Esta es una situación imprevista y nueva a la que tienen que hacer frente y dar respuesta.

No sabemos cuánto tiempo se va a mantener la actual situación, por lo que eliminar esa bonificación en las cotizaciones a los empleadores de las empleadas de hogar no deja de ser una penalización, que tendrá más que previsibles consecuencias.

Solo con sugerir la posibilidad de penalizar de esta manera a las familias  es hacer gala de la misma miopía que el Gobierno está teniendo en muchas de sus decisiones. Penalizar de esta manera implica que muchos de estos contratos se perderán, y en el mejor de los casos, pasarán a engrosar nuestra economía sumergida.

Desde la Delegación del Gobierno deben aclararse y responder a las dudas de los ciudadanos y han de ofrecer seguridad jurídica tanto a las familias como a las trabajadoras que tienen contratadas como empleadas del hogar. Es su obligación y responsabilidad.

Tenemos que destacar la diligencia y profesionalidad de los funcionarios de la Seguridad Social que prestan sus servicios en Ceuta. No obstante el carácter dubitativo del Organismos no ofrece excesiva seguridad en la información que proporciona. Todo se tiene que consultar y, como en tantas otras cuestiones, es en Madrid donde se decide qué hacer en Ceuta y con los problemas de los ceutíes.

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