La Comisión Local de la Vivienda se ha reunido esta mañana para dar el visto bueno a la lista definitiva de los 317 adjudicatarios de la promoción de VPO de Loma Colmenar.
En total se han contabilizado 19 excluidos del listado de cupo general, al que se han destinado 124 casas.
Entre los beneficiarios de las 125 viviendas reservadas para familias adscritas al programa de alojamiento alternativo se han contabilizado 13 exclusiones, con lo que son 32 los nombres que cambian con respecto a los obtenidos del sorteo celebrado el pasado 22 de diciembre.
Una vez aprobada la lista definitiva de adjudicatarios y excluidos, a partir de mañana se abrirá un plazo de presentación de recursos de alzada durante un mes, hasta finales de julio.
Los técnicos de Emvicesa estiman que la firma de los contratos y entrega de llaves se produzca en noviembre.
Por su parte, Caballas, presente en la Comisión, exige que el reparto de las viviendas se haga bajo criterios de objetividad y que los precios de las mismas sean acordes a la realidad de los demandantes.
El partido de Mohamed Alí pretende "evitar agravios o situaciones de injusticia". Así Caballas ha propuesto al Gobierno que las viviendas se repartan en función del tamaño familiar en relación al número de dormitorios, y el resto se hagan con orden escrupuloso de número de registro de demandante de vivienda. "Esta fórmula es la más objetiva, no deja espacios a la discrecionalidad".
El partido asegura que el Gobierno pretendía que el precio de la vivienda fuera único, es decir, que incluyera el precio de la vivienda más los gastos de la comunidad, a lo que Caballas se ha opuesto radicalmente. "Es crucial que los precios de la vivienda se establezcan en la Comisión de la Vivienda, donde deben ser aprobados, y que se concreten de acuerdo a las realidades socio-económicas de las unidades familiares adjudicatarias. Así mismo, entendemos que los gastos de la comunidad deben seguir un proceso independiente, y que la empresa que los gestione debe ser elegida mediante concurso público. Asi mismo, los precios de estos gastos de comunidad deben responder también a criterios socio-económicos de los adjudicatarios", expone la formación.
Los pasos que se han seguido
Así, primero hubo un periodo de concurrencia para que los interesados pudieran presentar su solicitud; después, se publicaron los listados de admitidos para el siguiente paso del procedimiento, que fue el sorteo público ante notario que fijó el orden de relación de los concurrentes -en la práctica fueron dos sorteos: uno para el conocido como cupo de alojamiento alternativo y otro para el denominado cupo general-. Del sorteo salieron los listados de seleccionados que una Ponencia Técnica, como acordó la Comisión Local de la Vivienda, supervisó comprobando uno a uno que cada persona seleccionada e incluida en la lista cumplía los requisitos establecidos en las bases.
Y es que la participación en el sorteo no implicaba el cumplimiento de los requisitos generales, como tampoco el haber sido seleccionado en ese sorteo generaba derecho alguno a efectos de la adjudicación. De hecho, lo contemplado en las bases era la acreditación de los requisitos exigidos para ser adjudicatario con posterioridad a la celebración del sorteo.
De esa acreditación se ocupó la Ponencia Técnica y el resultado fueron los listados provisionales de admitidos y excluidos, a lo que siguió un tiempo de exposición pública para la presentación de alegaciones, filtro al que también se han sometido las listas, igualmente provisionales, de adjudicatarios de las viviendas correspondientes a lo que se ha conocido como actuaciones singulares (realojos urbanísticos, víctimas de violencia machista, víctimas de terrorismo y personas con discapacidad).
Resueltas las alegaciones presentadas, hoy se ha reunido la Comisión Local de la Vivienda, que ha aprobado las listas definitivas, y el procedimiento ha llegado al punto anunciado, que es la publicación de esos listados, contra las que cabe recurso de alzada durante el mes de exposición pública al que van a estar sometidos.
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