“Se ocuparán del planchado de toda clase de prendas, bien sea a mano o por procedimientos mecánicos; también tendrán a su cargo la limpieza de los locales de los servicios de plancha”. Cualquiera que disponga de las pericias necesarias podría asumir las tareas encomendadas en el párrafo anterior. La bolsa de trabajo del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), si se atiende exclusivamente al enunciado de la categoría profesional correspondiente, parece reservar estas labores exclusivamente a las mujeres.
El Ingesa hacía públicos el pasado día 1 los listados provisionales de los profesionales admitidos en su bolsa de trabajo en Ceuta. Un primer vistazo permite advertir cómo la administración sanitaria mantiene vigente los prejuicios sexistas en la denominación de las categorías profesionales: quien se ocupa de planchar la ropa en un hospital es una planchadora, aquél cuyo trabajo consiste en garantizar el mantenimiento de las conducciones de agua es un fontanero. Existen, además, lavanderas frente a pintores, planchadoras frente a calefactores y gobernantas y limpiadoras frente a jefes de taller.
Las reminiscencias de una sociedad donde la mujer era invisible permanecen todavía a poco que se mantenga una mirada perspicaz. El caso de las categorías profesionales del Ingesa tiene una explicación que pasa por la pervivencia de normas redactadas hace más de cuarenta años.
El personal estatutario de los servicios de salud se rige desde 2003 por el denominado Estatuto Marco, una ley que derogaba los estatutos de personal sanitario y no sanitario que databan de los años 70. Aunque no totalmente. Todavía permanecen vigentes los textos regulatorios de las categorías profesionales, que, con la letra de la norma, ha mantenido vivas las añejas denominaciones de las categorías profesionales.
Aunque en la práctica, hombres y mujeres ocupan los mismos puestos de trabajo con independencia del género utilizado en su denominación, esta antigualla sexista se ha preservado sin que la administración parezca tener interés alguno en eliminarla.
“En realidad, el problema estriba en que la redacción de las funciones correspondientes a cada categoría es abierta y ambigua –explica el secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, Ángel Lara- Por ejemplo, para la categoría de celador se establece que, además de las precisadas, el trabajador desempeñará ‘funciones similares a las anteriores’. ¿Ambiguo, no? Pues por eso no quieren cambiar lo concerniente a las categorías, aunque ello suponga mantener denominaciones propias de otro tiempo”.
