En 2014, 14 personas murieron y una desapareció cuando intentaban cruzar a Ceuta por la playa del Tarajal y la Guardia Civil repelió la entrada con material antidisturbios. Las causa, en el ámbito judicial, fue sobreseída por un juzgado de Ceuta y, ahora, el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso que presentaron varias ONG contra el archivo de la causa del Tarajal.
La causa contra 16 guardias civiles imputados por homicidio imprudente y denegación de auxilio a los migrantes fue sobreseída en 2019 por un juzgado de Ceuta. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó el recurso de varias ONG's, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Coordinadora de Barrios.
La tragedia del Tarajal ocurrió el 6 de febrero de 2014, cuando 14 personas murieron ahogadas y una desapareció en la playa del Tarajal mientras trataban de eludir a nado el dique que separa Marruecos de la ciudad para entrar en España como inmigrantes irregulares. Las 15 víctimas formaban parte de un grupo de entre 200 y 300 personas que, procedentes del África subsahariana, intentaban alcanzar nadando las costas españolas.
Un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil descargó sobre ellos 145 balas de goma y cinco botes de humo de ocultación, con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos. 23 inmigrantes lograron llegar a la playa de Ceuta, pero fueron rechazados y entregados de inmediato a las autoridades marroquíes –en lo que se conoce como «devolución en caliente»–. La actuación del operativo fronterizo de la Guardia Civil ha sido objeto de controversia .
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Ceuta imputó por delitos de homicidio imprudente y lesiones a 16 agentes, entre los cuales había un capitán, un teniente y un sargento. El caso se archivó en octubre de 2015 por orden de la jueza María del Carmen Serván, que afirmó que nada apuntaba a un uso inadecuado del material. Las oenegés Coordinadora de Barrios, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Observatori DESC presentaron un recurso de apelación pidiendo una investigación más exhaustiva.
En enero de 2017, tres años después de los hechos, la Audiencia de Ceuta ordenó la reapertura del proceso porque algunas de las diligencias acordadas no habían sido practicadas, en particular las que correspondían a Marruecos. Finalmente, la investigación fue archivada en 2020 por decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado y otras entidades privadas presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero este concluyó en 2022 que no cabía tal recurso, dando así por concluida la investigación sin exigencia de responsabilidad alguna a los agentes policiales. Tras desestimar el Tribunal Supremo el recurso de Casación, ahora el Constitucional admite a trámite el recurso que presentaron varias ONG contra el archivo de la causa que llevan años denunciando la impunidad del caso.
