El Tribunal del Caso Emvicesa, cuyo juicio oral se celebra desde el pasado martes en la Sección VI de la Audiencia Provincial, ha reclamado al letrado que ejerce como acusación particular que acredite el carácter de víctima de sus representados. Esta es la condición que el Tribunal ha impuesto al acusador Manuel de Prado para no ser expulsado del procedimiento.
El debate abierto durante la sesión celebrada este miércoles ha planteado la pertinencia de la presencia de una acusación particular en el proceso integrada, en este caso, por personas que figuraban en la conocida como «lista fantasma» de las 317 viviendas de Loma Colmenar y que ahora reclaman 10 millones de euros en calidad de perjudicados.
De Prado ha escenificado su malestar por el requerimiento de los magistrados insistiendo en un argumento que ha repetido a lo largo de toda la jornada hasta la saciedad: sus representados fueron perjudicados desde el momento en el que, a su juicio, se les hurtó la posibilidad de acceder a una vivienda de protección pública. Según ha sostenido, las personas que figuraban en la lista sufrieron un perjuicio por el «mal funcionamiento de los organismos de la Ciudad Autónoma, que se saltaron procedimiento administrativo establecido». Además, el abogado no ha dudado en asegurar que sus representados pagaron dinero por acceder a una vivienda.
El letrado ha llegado a aseverar que la expulsión de la acusación particular del procedimiento supondría la declaración de nulidad de las sesiones del juicio oral. «Sería un caos», ha argumentado.
«4.000 presuntos perjudicados»
Las tesis expuestas por De Prado han sido exhaustivamente rebatidas por las defensas, que han coincidido en el argumento de que los incluidos en la «lista fantasma» no son acreedores de ningún derecho y, por consiguiente, no pueden ser considerados víctimas.
El letrado Javier Izquierdo, representante legal de las expolíticas Susana Román y Rabea Mohamed, ha desautorizado las pretensiones del abogado de la acusación particular con el dato del número de personas registradas como demandantes en la empresa de la vivienda Emvicesa: «Hay 4.000 personas registradas: siguiendo el discurso del letrado, tendríamos a 4.000 presuntos perjudicados».
Las defensas han insistió hasta la saciedad en que la inclusión en la «lista fantasma» no puede conceder derechos o expectativas administrativas los nombres consignados en ella.
Los abogados de las defensas se han mostrado inmisericordes con las argumentaciones de su colega de la acusación particular, a quien han llegado a acusar de «no saber ni a quién representa». De Prado ha reconocido en varias ocasiones a lo largo del juicio no poder citar a las personas cuya representación asume en el proceso.
Representantes legales de los acusados también han desacreditado la pretensión de la acusación de particular de que su salida del procedimiento supondría la nulidad de las sesiones del juicio oral. «Eso es intentar sobreponer argumentos no jurídicos a argumentos jurídicos», se ha quejado el abogado Javier Izquierdo.
La sesión ha continuado con la relación de alegaciones presentadas por las partes, entre las que se han esgrimido la presunta nulidad de las intervenciones telefónicas que dieron origen al proceso, la supuesta indefensión de algunos de los procesados acusados de pertenencia a organización criminal o el trato desigual dado en el procedimiento a las defensas respecto a la Fiscalía (violación del principio de igualdad de armas).
