El abogado de las dos ex consejeras del Gobierno de la Ciudad, Javier Izquierdo, ha puesto sobre la mesa a mediodía de este martes la falta de legitimidad de la acusación particular basada en dos cuestiones: de un lado que no se dan las circunstancias necesarias para que sus representados sean considerados como acusación particular y de otro la doble condición del abogado de la misma, Manuel de Prado, como defensor de uno de los acusados en la causa del Caso Emvicesa.
Tal y como ha señalado Javier Izquierdo durante su intervención, la expulsión del juicio de la acusación particular, supondría también la exclusión del proceso de la representación y defensa de la Ciudad Autónoma, que permanece en la causa como responsable civil, implicando también la liberación de los 6 millones de euros de fianza que la administración local tuvo que depositar como garantía en este caso.
Los argumentos de la defensa de Román y Mohamed han sido respaldado por gran parte de las defensas en ambos sentidos. Respecto al primero, la presidenta del Colegio de Abogados de Ceuta y letrada de Mohamed Alí, Isabel Valribera, ha argumentado que la presencia de estas personas en la denominada “lista fantasma” publicada en medios, no les otorga la condición de perjudicados y ofendidos, ni tampoco la de víctimas de un delito.
La segunda cuestión (la de la doble representación), sin embargo, se ha tornado en más espinosa. Así, una de las defensas ha manifestado que podría llegar a darse la circunstancia de que las dos sesiones del juicio del Caso Emvicesa celebradas hasta ahora pudieran declararse nulas, al no estar cubriéndose de forma adecuada el derecho a la defensa del acusado representado por el letrado De Prado. La gravedad de la situación ha motivado que la mayor parte de las defensas hayan requerido una solución inmediata al asunto, antes de seguir avanzando sin garantías.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular se han mostrado contrarias a estas tesis. Así, el propio Manuel de Prado ha manifestado que defender a un acusado “no me impide ser acusador particular” y ha asegurado que todos sus representados aspiraban a ser adjudicatarios de una vivienda de protección pública, un proceso que se convirtió en “un negociete particular, cobrando dinero por ello y burlando las expectativas de mileuristas”.
Para Manuel De Prado, el objetivo de las defensas es hacer desaparecer a la acusación particular, llegando a acusar a los abogados ceutíes de hablar entre ellos para “echarle una mano al letrado de la Ciudad Autónoma de Ceuta”. Igualmente se ha mostrado sorprendido por “esta idea de honradez repentina” de los acusados y sus defensas, que consideran “una pena” que se siga reteniendo dinero publico. “Lo más fácil es eliminarme del juicio, señorías, pero en las grabaciones hay personas que han pagado 15.000 euros a estas personas que están aquí acusadas”. De Prado ha asegurado ser víctima de “un minigolpe de estado” y ha insistido en que “no existe ningún impedimento legal para que el letrado actúe en su doble función de defensor particular y acusación”.
