Pocas veces, por no decir ninguna, un juicio había despertado tanta expectación en Ceuta como el del denominado 'Caso Emvicesa'. Tanto por el número de personas llamadas a juicio -52 acusados, el mayor caso en número de la historia de la ciudad- como por algunas de las personas que se enfrentan a varios años de prisión. Han sido personas principales en la vida política durante años: el exviceconsejero Antonio López, las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed o el exdiputado autonómico y presidente de la FAMPA, Mohamed Alí. Pero no solo eso: funcionarios de la empresa pública de la vivienda, compradores de vivienda... Todo un rosario de personas que declararán acusadas de distintos delitos o para ratificarse en sus testimonios.
Los hechos arrancan hace ocho años, con la adjudicación de las viviendas de Loma Colmenar y la publicación de la denominada 'lista fantasma' de adjudicatarios. Pero unos meses antes, y en el 'pinchazo' telefónico a uno de los acusados por la muerte de un hombre por arma de fuego, los agentes de la Policía Nacional escuchan algo relacionado con un pago por compras de vivienda. Es el año 2014, y comienzan las investigaciones. Estas desembocan, en febrero de 2017, con la detención en Marbella de Antonio López: exgerente de EMVICESA y antiguo viceconsejero de Vivienda al que se le registran varias propiedades inmobiliarias tanto en Ceuta como en la Península.
En esos días, Ceuta es un hervidero de detenciones y registros: los otros políticos también pasarán por una Jefatura Superior de Policía rodeada por medios de comunicación y curiosos. Todos quedan en libertad, salvo López, que pasa algo más de un año en prisión. Entre los detenidos, Susana Román: la mujer que, curiosamente, pone la célebre lista fantasma en conocimiento de la justicia. También Rabea Mohamed, consejera entonces de Cultura y con anterioridad de Asuntos Sociales, y Mohamed Alí, líder de Caballas. A los tres se les acusa de haber firmado actas de la Comisión Local de la Vivienda para adjudicar las casas. Jurídicamente: prevaricación continuada y pertenencia a organización criminal.
Por cierto, la construcción de las viviendas fue sufragada entonces por el Ministerio que dirigía, por cierto, otra vieja conocida por otros motivos: María Antonia Trujillo. Al día siguiente, es registrada la sede de EMVICESA y detenidos varios de sus trabajadores. Las penas pueden llegar, según el caso, hasta los 25 años de prisión.
La estructura de la red es simple de entender: según la acusación que pesa sobre estas personas, López estaba al frente de un grupo en el que los trabajadores encausados hacían las veces de comercial mientras que varias personas pagaban por tener acceso a una vivienda de protección oficial. Pero eso era solo el principio: hemos vivido años de recusaciones tanto contra la juez instructora, Raquel Lucini, como contra los magistrados de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
En el caso de Lucini por mantener, en aquel momento, una relación sentimental con el agente policial encargado de dirigir las investigaciones. Todos los recursos han sido rechazados. También de pruebas periciales: los dispositivos de Antonio López han sido examinados por expertos. Todo a instancias de su abogado, José María Calero: el responsable de las defensas de la familia de Marta del Castillo, del expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera por la venta de acciones del club heliopolitano o, más recientemente, del expresidente andaluz José Antonio Griñán por el caso ERE es el encargado de la defensa de López.
Y así, tras varios aplazamientos -técnicamente, es un juicio de una gran complejidad- arranca hoy la vista más esperada en años. Una vista en la que los medios de comunicación no tendremos presencia física, pudiéndolo seguir por medios telemáticos: sencillamente, las instalaciones de la Audiencia se quedan cortas, no dan para más. Y un juicio del que tendrán cumplido detalle a través de Ceuta Televisión, Ceuta al Día y Ceuta Actualidad. Este martes, comenzamos con las cuestiones previas, y el juicio se reanudará pasado mañana, para seguir durante todo el mes de noviembre. La sentencia se espera para finales de 2023 o principios de 2024 y todas las partes asumen que habrá recurso, sea cual sea el veredicto, ante instancias superiores.
