La vista que se sigue por el Caso Emvicesa ha convocado este miércoles ante el tribunal a la funcionaria María José Cariñanos, asesora jurídica de Empresa de Vivienda de Ceuta. En su extensa declaración, que ha ocupado toda la mañana y el comienzo de la sesión vespertina del juicio, la técnica ha revelado algunos aspectos poco conocidos del funcionamiento de la sociedad municipal y de la gestión ejecutada en la adjudicación de las promociones de vivienda de las 170 y las 317.
Buena parte de los interrogatorios de los abogados de las defensas han girado en torno a los llamados «compromisos», documentos expedidos por el exgerente de la empresa Antonio López para garantizar a personas particulares la adjudicación de una vivienda en la promoción de las 317.
La discriminación entre «compromisos» «justificados» y sin «justificar» ha estado en el centro de varias de las preguntas de los letrados. La testigo ya había insistido por la mañana en la nula eficacia jurídica de los emitidos por López.
Durante la sesión de tarde, los abogados han argumentado que documentos identificados como compromisos ya existían en épocas anteriores a la gerencia de López. Cariñanos ha diferenciado entre «compromisos» fundados en una petición de la Ciudad y otros que ha calificado como «personales», en referencia a los avalados por López. «Unos tenían justificación previa documental, por liberación de suelo, convenios con particulares para construcción de vivienda…, y partían de la Ciudad y estos, en mi opinión, parece que son a título individual –ha explicado la asesora- Desconozco si estos últimos han tenido traducción después en los acuerdos de la Comisión Local de la Vivienda».
Cariñanos ha ironizado sobre los «compromisos» cuya autoría se atribuye al exgerente de Emvicesa, ahora principal acusado en el proceso: «Llegué a sospechar que había más compromisos que viviendas que entregar».
En plena deliberación sobre la licitud de los procedimientos seguidos para la adjudicación de las viviendas por Emvicesa, la jurídica ha criticado la falta de claridad de la norma existente para la asignación de las casas a los solicitantes. «Es una normativa deficiente y escasa, e incluso diría que contradictoria», ha señalado la testigo.
