Madrid cree que los 30 millones comprometidos para acoger menores procedentes de Ceuta y Canarias no son suficientes

La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales sostiene que ese dinero es el que su comunidad gasta en atender a los menores. «Es completamente insuficiente para toda España», ha asegurado

La consejera madrileña Ana Dávila (COMUNIDAD DE MADRID)
photo_camera La consejera madrileña Ana Dávila (COMUNIDAD DE MADRID)

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha juzgado «insuficientes» los 30 millones de euros que el Gobierno central concederá para financiar la distribución entre las distintas autonomías de menores extranjeros llegados a Ceuta y Canarias. Dávila, que ha hecho estas declaraciones antes del inicio de la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, ha asegurado que esos fondos son «prácticamente» el dinero que su comunidad gasta en atender a los menores. «Es completamente insuficiente para toda España», ha asegurado.

El Ministerio de Juventud e Infancia anunció a comienzos de mes la habilitación de 30 millones de euros para financiar la atención residencial de 470 menores procedentes de Canarias y 100 llegados desde Ceuta.

Dávila ha cifrado en 946 los menores llegados a Madrid en 2024 hasta el 13 de febrero –la mayoría a través del aeropuerto Madrid-Barajas- una cantidad que no dista mucho de los 1.300 recibidos a lo largo de todo el año 2023.

La Conferencia Sectorial de Inmigración se reúne hoy lunes, apenas unos días después de que el Gobierno anunciara un acuerdo con Canarias para impulsar una reforma legal que garantice la efectividad del reparto de menores extranjeros entre todas las comunidades. La reforma legal pactada con Canarias supondrá la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, donde se regula la situación de los menores extranjeros no acompañados.

La modificación legal beneficiará a los territorios receptores de los flujos migratorios –particularmente a Canarias, Ceuta y Melilla- ya que impone la obligación al resto de comunidades de aceptar para su acogida a los menores procedentes de aquellos.