El Gobierno informó el pasado diciembre, en respuesta a una pregunta parlamentaria, de que España acogía a 31 de octubre de 2023 a 10.728 menores extranjeros no acompañados. De ellos, más del 40% (4.700) se encontraban bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Los acogidos en Ceuta eran 221 y 276 en Melilla. Ese mismo mes, el Consejo de Ministros aprobó el reparto de 20 millones de euros para apoyar a las comunidades en la acogida de 396 menores extranjeros derivados desde los centros saturados de Canarias y Ceuta a la Península.
El 2 de febrero, el Gobierno de la Ciudad activó un plan de contingencia para reclamar a la Administración central ayuda para descongestionar sus recursos de acogida de menores. Según el consejero de Gobernación y Presidencia, Alberto Gaitán, Ceuta tenía a su cuidado a 185 niños y adolescentes extranjeros, un número muy por encima del límite pactado con el Gobierno central para activar el comienzo de los traslados a la Península.
Los recursos disponibles por la Ciudad para prestar atención y servicios a estos menores se encuentran sometidos a presión: basta que, como viene ocurriendo desde principios de año, la entrada de niños y adolescentes a Ceuta aumente. En poco más de un fin de semana, 35 habían conseguido acceder clandestinamente a la ciudad. El Gobierno municipal reclama ahora el traslado de 70.
El alivio de estas situaciones depende fundamentalmente de la solidaridad que estén dispuestas a ofrecer el resto de las comunidades autónomas. Los gobiernos autonómicos no tienen la obligación de aceptar estos acogimientos, lo que se traduce, en no pocas ocasiones, en que los rechacen.
Los territorios afectados no han dejado de reclamar la mejora del sistema de contingencia y derivación de los menores, de modo que se comparta por todas las comunidades autónomas la atención y la protección de estos niños que llegan sin acompañar al país.
Unicef España ya ha alertado de que el hecho de que no exista un mandato sobre las comunidades autónomas para que acepten el sistema de derivación de menores convierte en inmanejable una situación que no tendría por qué serlo y que, a la postre, ocasiona un grave perjuicio a los menores. «Si algunas comunidades dicen que no tienen plazas suficientes, pues habrá que abrir más plazas, no se puede esperar que solo se abran plazas en Canarias», asegura el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera.
La posibilidad de que esta situación cambie y que territorios como Canarias, Ceuta o Melilla no sigan soportando el peso de la atención de estos menores pasa por la aprobación de una modificación legal que convierta en obligatorio lo que hoy no lo es: la aceptación por las comunidades autónomas de los niños y adolescentes trasladados desde fuera de la Península.
El primer paso para propiciar este cambio en la ley lo ha dado el Gobierno canario. Su presidente, Fernando Clavijo, ha presentado una propuesta para introducir un sistema de distribución de menores que obligue a los gobiernos autonómicos a dar acogida a los menores que les sean asignados.
La iniciativa ha sido favorablemente acogida por el Gobierno central. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció en un reciente viaje a Canarias que el Gobierno español era receptivo a la propuesta de Clavijo.
La iniciativa del Gobierno canario está en la línea de lo que el Gobierno de PSOE y Sumar ya había venido sugiriendo. A comienzos de enero, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que su departamento comenzaría a trabajar para ejecutar las modificaciones legislativas necesarias para que la acogida de menores migrantes no fuese opcional.
La reivindicación del Gobierno canario ha conseguido convertir la atención a los menores extranjeros en asunto de estado. El problema radica ahora en qué receptividad mostrarán los gobiernos autonómicos, particularmente aquellos donde la extrema derecha de Vox, contraria a cualquier sistema da apoyo al migrante, tiene algo que decir. Territorios como Canarias, Ceuta y Melilla están a la espera.
