El proyecto de obligar a las comunidades a aceptar menores migrantes choca con la intransigencia de Vox

La medida, que de adoptarse tendría un efecto lenitivo sobre la presión a la que son sometidos los recursos de los que dispone Ceuta para la atención de estos menores, constituye para Vox «algo perverso»

Dos menores caminan junto a las instalaciones portuarias (C.A.)
photo_camera Dos menores caminan junto a las instalaciones portuarias (C.A./ARCHIVO)

La ultraderecha española no está dispuesta a aceptar que los menores migrantes no acompañados que alcancen España a través de Ceuta, Melilla y las islas puedan ser distribuidos por el resto del territorio nacional sin que los gobiernos autonómicos puedan oponerse. La idea, planteada por el Gobierno canario presidido por Fernando Clavijo, ha sido acogida con interés por el Ministerio de Juventud e Infancia. La ministra Sira Rego mostraba ayer miércoles su disposición a estudiar la propuesta, que exige una reforma legislativa, ante la necesidad de dar una «respuesta urgente» a la crisis migratoria que se vive en la actualidad en Canarias.

La medida, que tendría un efecto lenitivo sobre la presión a la que son sometidos los recursos de los que dispone Ceuta para la atención de estos menores, ha sido rechazada con vehemencia por Vox. La propuesta de Clavijo ha recibido el apoyo de todos los grupos representados en el Parlamento canario, excepción hecha del partido de Santiago Abascal. Y es de temer que esta sea la línea argumental que siga el partido de extrema derecha si, finalmente, se emprende la reforma legal a la que aspira el Gobierno de Canarias.

El argumentario de Vox está preñado de inconsecuencias y de los lugares comunes propios del ideario de la ultraderecha. Las razones por las que el partido se opone a la posibilidad de la distribución de los menores por las distintas comunidades autónomas fueron expuestas ayer mismo por el portavoz de Vox en el Parlamento canario, Nicasio Galván. La propuesta del Gobierno de Canarias persigue evitar la presión migratoria, que en ocasiones llega a ser crítica, sobre los territorios españoles extrapeninsulares y, al tiempo, garantizar a los menores la protección de sus derechos y su bienestar. Vox, sin embargo, considera que la mejor opción es devolverlos a su país.

Galván defendía ayer la «repatriación inmediata» de cualquier migrante que entrase en el país –sin discriminar si se trata o no de un menor- para evitar lo que en su día el PP acuñó como «efecto llamada».

La propuesta de garantizar el bienestar de los menores es para Vox una idea que propiciará que las mafias se enriquezcan. El dirigente del partido de Abascal ha llegado a calificar de «algo perverso» la distribución de los niños y adolescentes extranjeros entre las distintas comunidades autónomas.

Finalmente, Vox esgrime la carta del coste económico que supone acoger a los menores y que cifra, sin explicar la procedencia de los datos, en 10 millones de euros al mes.

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