Ceuta se despertaba hace un año con la insólita escena de la detención por la Guardia Civil de un político en activo. Javier Guerrero había ocupado las páginas de los periódicos tiempo atrás por razones bien distintas. El que fuera consejero de Sanidad del Gobierno municipal había lidiado con la pandemia de coronavirus y, tras las desavenencias que acabaron con su alejamiento del presidente del PP, Juan Vivas, fundó su propio partido: Ceuta Avanza.
Aquel 11 de enero de 2023, el futuro político de Guerrero quedó dinamitado y, con él, el de su recién nacida formación. La forma en que se produjo su detención constituía toda una representación del que sería el fin de su trayectoria en la arena pública: para eludir la presencia de los periodistas, los guardias civiles condujeron al detenido por un pasadizo que desembocaba en un acceso trasero. Guerrero no pudo imaginar una salida menos decorosa para su breve experiencia política.
La investigación policial abierta contra Guerrero, que se prolongó durante meses, acabó por imputarle la presunta comisión de un delito de abuso de menores. Las pesquisas arrancaron con la denuncia que el Área de Menores de la Ciudad, que acusó al exconsejero y médico de saltarse los protocolos en sus visitas al centro de menores de «La Esperanza». Apenas dos días después de su detención, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 decretaba su ingreso en prisión.
El arresto de Guerrero, una personalidad local que, ya antes de su desembarco en política, gozaba de una reputación en Ceuta de profesional médico entregado y de hombre de carácter afable, conmocionó a la ciudad. Nunca antes nadie con responsabilidades públicas de la relevancia de las que había desempeñado Guerrero ni con el reconocimiento social que le acompañaba había sido acusado de unos delitos tan graves.
Libertad bajo fianza
Las sucesivas peticiones de puesta en libertad formuladas en los siguientes meses por los abogados del acusado fueron sistemáticamente rechazadas. Además, el panorama judicial de Guerrero se enturbió después de que se conociera la apertura de una pieza separada en la que se investigaba su presunta implicación en la planificación de una paliza a personal de Menores.
Una de las presuntas víctimas de estas palizas, que no llegaron a infligirse, era el director del centro de realojo temporal «La Esperanza», Julio Manuel Rodríguez, quien, tiempo después, acabaría por interponer una denuncia penal por calumnias e injurias contra el exconsejero. Guerrero le había señalado como una de las personas que estarían coaccionando a subordinados y menores del centro para que le acusasen de comportamientos deshonestos.
Habrían de transcurrir casi once meses desde su detención para que, finalmente, Guerrero saliera de prisión. El 20 de noviembre pasado, el exconsejero abandonaba la cárcel de Puerto II, donde se hallaba internado, bajo fianza de 100.000 euros. El juez le imponía la obligación de presentarse el 1 y el 15 de cada mese ante el juzgado y de mantenerse alejado al menos 200 metros de cualquier centro de protección de menores.
