Los contratos en los Planes Especiales de Empleo de la Delegación del Gobierno ejecutados entre 2018 y 2022 han sido el tema central de la asamblea general llevada a cabo por el sindicato CGT para atender a todos los perjudicados por cobrar salarios inferiores a los que según la Justicia deberían haber percibido y las consiguientes infracotizaciones y que podría afectar a unas 3.500 personas.
La asamblea ha tenido lugar en la biblioteca del Morro y han asistido más de un centenar de afectados por dichas contrataciones, en su gran mayoría, mujeres.
El secretario general de Organización Territorial de CGT, Juan Antonio Guerrero, apuntaba que se trata de "una injusticia social que ha cometido la Delegación del Gobierno, concretamente del Gobierno que se llama a sí mismo el más progresista de la historia".
Por su parte, Miguel Montenegro, secretario general del sindicato en Andalucía, Ceuta y Melilla, recordaba que el Tribunal Supremo le ha dado la razón por lo que se abre la posibilidad a "reclamar daños" dado que la Delegación del Gobierno aplicó un convenio que "no correspondía".
Vulneración de derechos fundamentales
El jefe de la asesoría jurídica de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Ocaña, señalaba que el proceso en el que se encuentran las denuncias, apuntando que los contratos "vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad que están protegidos por la Constitución".
El asesor jurídico ha hecho hincapié sobre la posibilidad de que la Delegación del Gobierno alegue "la preinscripción" en el periodo de reclamaciones pero al tratarse de "derechos fundamentales" son "imprescriptibles".
