La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha acusado al Gobierno de la Ciudad de «estafar» a la plantilla del Instituto de Idiomas mediante el incumplimiento del acuerdo por el que se daría a este grupo de trabajadores la posibilidad de alcanzar el estatus de empleado público.
En un comunicado, el sindicato asegura que acordó con el Gobierno la puesta en marcha de un proceso que, a través de la figura del concurso-oposición, permitiría a estos trabajadores pasar a convertirse en empleados de la Administración Local. Según FeSP-UGT, los afectados se comprometían a desempeñar las tareas propias de un empleado público a cambio de que se le acabar reconociendo tal condición. «Cuando llega el momento de que los trabajadores vayan a iniciar el procedimiento pactado para su posible pase a empleado público, descubren que el Gobierno del señor Vivas les ha estafado, les ha timado, les ha tomado el pelo y se ha reído de ellos», acusa el sindicato.
FeSP-UGT subraya la paradoja de que los trabajadores del Instituto de Idiomas no sean empleados públicos a pesar de que trabajan para una entidad que tiene la consideración de organismo autónomo de la Administración Local. Esta situación ha creado, a juicio del sindicato, una «falta de legalidad» que se ha traducido en un «régimen de explotación laboral» que se traduce en unas retribuciones que resultan incluso inferiores a las que los trabajadores del Instituto percibirían en la empresa privada. «Sin embargo, cuando para sus derechos laborales, sociales y retributivos carecen de la consideración de trabajador de una Administración Pública, se les pretende obligar a realizar las funciones propias de un empleado público, la famosa ley del embudo, todo lo ancho para mí y lo estrecho para ellos», continúa el sindicato en su nota.
Según el sindicato, el Gobierno se escuda en una sentencia del Juzgado de lo Social de Ceuta que declaró a estos trabajadores personal subrogado. «¿Personal subrogado en una Administración Pública? Es lo mas estrafalario que hemos oído sobre el personal de una Administración Pública», concluyen los ugetistas.
