La primera de las interpelaciones de MDYC en la sesión de control al Gobierno de este miércoles ha tenido como objeto el tipo de pruebas de acceso a la función pública en la Ciudad Autónoma. Así, los localistas han insistido en la necesaria objetividad e imparcialidad de estas pruebas, puesta en duda en no pocos casos por algunos de los aspirantes que, ha explicado el diputado Mohamed Duas, han acudido a su grupo político para manifestar su malestar.
Así, el diputado de MDYC se ha preguntado porque en Ceuta se siguen realizando los procesos selectivos mediante exámenes de desarrollo, mientras que en la mayor parte de las ciudades, ha insistido, las mismas son tipo test. Y es que, ha argumentado Duas, la corrección de las pruebas de desarrollo da pie a una mayor subjetividad.
El encargado de dar respuesta a esta cuestión ha sido el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, quien ha asegurado que la interpelación presentada por los localistas se basa en opiniones de algunos aspirantes pero que no se puede cuestionar la objetividad de las pruebas de acceso a la Ciudad.
En este sentido, Gaitán ha asegurado que las pruebas de desarrollo y tipo test son empleadas alternativamente por las diferentes administraciones, no siendo Ceuta el único lugar en que se siguen empleando las primeras. El consejero ha insistido en que las pruebas se realizan de acuerdo con lo recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Alberto Gaitán ha querido aclarar, además, que los tribunales están integrados solo por funcionarios profesionales, sin la presencia de ningún miembro de designación política.
Los procesos selectivos, ha explicado además el consejero, se negocia previamente con los sindicatos, que designan a parte de los funcionarios profesionales que forman parte de los tribunales y cuentan, además, con observadores que velan por que los mismos se desarrollen con normalidad.
El consejero de Presidencia, además, ha lamentado que se ponga en duda la profesionalidad e integridad de los funcionarios que forman parte de los tribunales.
