La reciente Sentencia del Tribunal Supremo que declara la ilegalidad y el incumplimiento de los convenios internacionales por parte de las autoridades españolas en la deportación de niños y niñas de la ciudad de Ceuta en agosto de 2021 pone en cuestión las políticas de extranjería basadas en la via de hecho.
Estos procesos, que afectan a la protección juridica de infancia, tienen una regulación precisa y rigurosa, pues resuelven sobre el buen trato que deben dar los Estados a uno de los colectivos más vulnerables, especialmente cuando se encuentran en zonas de frontera, como dice la Convención de los Derechos del Niño.
Esas expulsiones se hicieron por la vía de hecho y sin que estos niños y niñas tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares, sin escuchar a los menores sobre su situación y sin argumentar por qué en cada caso concreto el mejor interés del menor se protege a través de la repatriación. Se han vulnerado tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como es la obligación darles protección, como principios básicos de derechos humanos, que prohiben las expulsiones colectivas.
La defensa que, incluso después de la publicación de la Sentencia, hace el Ministerio del Interior de las deportaciones sin garantías, pretendiendo justificarlas en el interés superior de estos niños y niñas no se sostiene ni ética ni juridicamente, y contrasta con los principios de la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, donde expresamente se recoge el derecho del niño o la niña a ser escuchados, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a que su interés superior sea considerado primordialmente.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia exigimos la asunción por parte del gobierno de responsabilidades y la reparación de los derechos de estos niños y niñas.
La cultura de la frontera no puede prevalecer sobre la cultura de los derechos humanos y la protección de la infancia independientemente de la nacionalidad.
