Para el Partido Popular otra forma de gobernar es posible. Esta Ley es el ejemplo de que existe una alternativa política que se preocupa y ocupa de los problemas reales de los españoles, y que trabaja para resolverlos en vez de crearlos y alimentarlos. Una alternativa que trabaja para evitar conductas delictivas en vez de fomentarlas o amnistiarlas.
La Proposición de Ley antiokupación plantea cambios que permitirán proteger la propiedad privada, endurecerá las penas por okupación ilegal, facilitará el desalojo de los okupas en 24 horas e impedirá el empadronamiento en las viviendas okupadas. Incluye, además, los delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, se establecen penas para aquellos que alienten o fomenten la okupación, y habilitará a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas.
La base del articulado de esta primera Ley Feijóo es la tolerancia cero con la okupación. Este fenómeno nada tiene que ver con aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda, ni con la pobreza. Los okupas son delincuentes organizados.
El PP recuerda que se calcula que en España hay 100.000 inmuebles ocupados ilegalmente y es un fenómeno que no ha dejado de crecer desde que Sánchez gobierna, incrementándose las denuncias por okupación en un 37%.
Mientras que Ceuta se encuentra en la media nacional en cuanto al número de okupaciones en relación con su población, es importante destacar que Andalucía, destino preferido por muchos ceutíes para establecer su segunda residencia, se encuentra entre las comunidades más afectadas por este fenómeno.
Es necesario modificar el marco legal para plantar cara a la ocupación y usurpación de viviendas, evitar distorsiones, contemplar un bien jurídico que aún no se había tenido en cuenta como es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa y proteger a los propietarios y sus bienes.
La propuesta del PP recoge acciones concretas para luchar contra problemas reales y reprochamos la falta de apoyo del PSOE a la Proposición de Ley del Partido Popular.
