El Ministerio de Sanidad de España, liderado por la ministra Mónica García, ha anunciado la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los centros de salud y hospitales del país a partir de este miércoles. Esta decisión se ha tomado pese a las reticencias de la mayoría de los gobiernos autonómicos, que pedían consensuar las medidas. La normativa excluye a las residencias y farmacias, inicialmente incluidas en la propuesta.
La medida, que no requiere publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca igualar la protección frente a virus respiratorios en todo el territorio nacional y proporcionar seguridad jurídica a las comunidades que ya habían implementado el uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con críticas por parte de varias autonomías, algunas de las cuales consideran la imposición como una invasión de sus competencias. El País Vasco, por ejemplo, ya ha anunciado que está estudiando medidas jurídicas contra la orden.
La ministra García ha defendido la medida, argumentando que busca una protección uniforme de la salud en todo el país y dar respaldo legal a las comunidades que ya habían hecho obligatorio el uso de mascarillas. A pesar de esto, la decisión ha generado controversia, con opiniones divididas entre las comunidades autónomas y expertos en derecho sanitario. Algunas regiones, como Andalucía, Aragón, Murcia, Canarias y Asturias, ya habían adelantado la medida, mientras que otras, como Madrid y Galicia, expresan su desacuerdo, cuestionando la necesidad y la legalidad de la orden.
