Ceuta se ha convertido en el epicentro de un presunto fraude masivo a la Ley Trans, según revela una investigación del diario "El Español". Desde la entrada en vigor de la ley hace un año, 37 hombres, en su mayoría funcionarios de cuerpos de seguridad y miembros del Ejército, han cambiado su sexo a femenino en los registros civiles. Lo peculiar del caso es que estos individuos han decidido no cambiar sus nombres masculinos ni su situación familiar, continuando la vida con sus parejas e hijos como hasta ahora.
Este fenómeno ha generado una ola de indignación y sorpresa, no solo por el número significativo de casos, sino también por las implicaciones que tiene en términos de acceso a beneficios y derechos reservados para las mujeres. Según fuentes jurídicas consultadas por El Español, estos cambios de sexo no parecen responder a una identificación transgénero genuina, sino más bien a un intento de obtener ventajas específicas que la ley otorga a las mujeres, especialmente en el ámbito laboral y en procesos selectivos dentro de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad.
La Ley Trans, que simplificó el proceso de cambio de sexo en los registros civiles eliminando la necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales previos, ha sido objeto de debate desde su implementación. Sin embargo, el caso de Ceuta destaca por la aparente intención de algunos individuos de aprovecharse de esta normativa para fines que distan mucho de la protección y reconocimiento de las personas trans.
Entre los beneficios buscados por quienes han optado por este cambio de sexo figuran la promoción interna dentro de los cuerpos de seguridad y el Ejército, aprovechando las políticas de igualdad de género que favorecen la presencia femenina en ciertos rangos y posiciones. Además, se menciona la posibilidad de enfrentar de manera diferente procesos de custodia de hijos y, en un caso extremo, evitar la aplicación de la ley de violencia de género.
El caso de Ceuta es particularmente llamativo debido a su alta concentración de personal militar y de seguridad, lo que ha facilitado la difusión de esta práctica. La ausencia de un juez encargado del Registro Civil en la ciudad autónoma, sumado a la provisionalidad del letrado de la Administración de Justicia que actualmente ocupa el cargo, complica la posibilidad de tomar medidas judiciales contra este tipo de acciones.
Este fenómeno no solo plantea serias preguntas sobre la eficacia y el propósito de la Ley Trans, sino que también pone de relieve la necesidad de revisar y posiblemente ajustar la normativa para prevenir abusos.
