El ex líder de la formación localista Caballas, Mohamed Ali, ha declarado este jueves ante el Tribunal del Caso Emvicesa, en un juicio que se aproxima a su final. Lo ha hecho contestando primero a la Fiscalía y después a su abogada, que poco más trabajo ha tenido que tirarle la cuerda para que contara a fondo su detención, y reiterar con alguna pregunta lo que ya le había contestado a la Fiscalía. Ali ha negado su participación en cualquier proceso de adjudicación de viviendas, y también su influencia en el resultado final de las mismas. “Si mi vida en la Asamblea ha sido la de perder, perder elecciones”, ha llegado a decir en un momento de su testifical.
Y ha evidenciado esa falta de capacidad de influir en las decisiones gubernamentales con un hecho. Le pidió en 2018 a Josefina Álvarez la prestigiosa funciona de la Ciudad que declaró esta misma semana como testigo un informe sobre el asunto en cuestión, la normativa aplicable para la adjudicación de las 170. Ella misma le dijo que elevara una petición al Gobierno y que si le autorizaban haría el informe, que más o menos vino a hacer en su declaración el martes. El presidente Vivas se lo denegó. “Esa era mi capacidad de influencia”, ha cerrado el relato.
Ali ha cuestionado abiertamente la famosa acta de la Comisión Local de la Vivienda de febrero de 2013 en la que se da cuenta de la adjudicación de las 170 viviendas de Loma Colmenar, según el orden del día y se aprobó dicha adjudicación, según el acta.
“Le digo ahora con sosiego y tranquilidad que en esa reunión de 2013 de febrero no aprobamos ninguna lista, ni se nos da ninguna lista para aprobar. Básicamente porque las casas ya estaban adjudicadas. Y es evidente y flagrante que el acta no está redactada bien. El orden del día recoge dar cuenta no aprobar ninguna lista (…) Pero es que la misma secretaria ha dicho aquí, en instrucción y en una comisión del Ayuntamiento que ella no vio ninguna lista. En esa reunión nosotros no aprobamos ninguna lista”, ha explicado tajante Ali a la Fiscalía.
“El acta de febrero de 2013 es un acta que no está aprobada. Me parece relevante. Si a mí me hubiesen traído ese acta a aprobar, yo no la apruebo porque pone una cosa que no es. Por mi parte no está aprobada y no reconozco ese contenido”, ha añadido un poco más adelante durante su declaración.
A raíz de esta respuesta la Fiscalía ha tratado de indagar en lo que parece uno de los grandes misterios del caso y ha preguntado abiertamente entonces “¿quién aprobó la lista?¿quién se encargó de la adjudicación?”. Ali tampoco lo sabe a día de hoy. Supone que por el articulado de la ordenanza de 2006 a la que niega validez para regir el procedimiento, pero ha recordado no así el Ministerio Fiscal, correspondería esa labor a Emvicesa o a la Consejería de Fomento. Pero la realidad es que él no sabe quién hizo la lista de adjudicatarios que él tampoco vio nunca. Y ahí se ha agarrado para su defensa a la misma tesis de Román. La Comisión Local de la Vivienda es un órgano de selección no de adjudicación.
Y en ese punto su testimonio ha aportado dos novedades que acaso puedan ser importantes para el resultado final del juicio. La Fiscalía ha rescatado de las pruebas que había excluido el Tribunal en la resolución de las cuestiones previas otras actas de la Comisión Local de la Vivienda anteriores a las que resolvieron la entrega de las 170 viviendas de Loma Colmenar, pero posteriores a la entrada en vigor de la normativa de 2006 en las que Ali no asistió. Dichas actas sí recogen la aprobación por parte de la Comisión Local de Vivienda de adjudicaciones con listados incluidos. Algo que al serle mostrado a Ali le ha generado incluso dudas por la evidente controversia que genera con lo que tras el testimonio de Román en la jornada previa había parecido que quedaba más o menos claro que la Comisión no adjudicaba, sino que seleccionaba la forma de adjudicar.
Y en segundo lugar, Ali ha puesto en valor otra acta previa a la de febrero de 2013 de la propia Comisión Local de Vivienda del verano de 2012, en este caso la presidida por Guillermo Martínez en su breve periplo al frente de Fomento y en la que se les informó que “en 45 días se va a proceder a adjudicar las viviendas y que el departamento comercial ya está realizando todas las gestiones administrativas para esa adjudicación. Yo entiendo que va todo correcto. Nadie nos dice que haya algún problema. Ni se nos apercibe que haya algo mal y luego en la de 2013 se nos da cuenta de que la gente ya está viviendo allí”, ha aclarado.
Pero ante esa controversia, Fiscalía ha vuelto a intentar coger la calle del medio, para insistir en saber quien entonces hizo la lista de adjudicatarios, quién baremó, quién decidió que de los más de mil solicitantes de vivienda inscritos en el registro de demandantes fueran 170 concretos y no otros. “En mi opinión Emvicesa”, ha llegado a contestar Ali. Pero es su opinión, porque saber, no lo sabe. “Yo no tuve las listas”, ha llegado a afirmar en otro pasaje de su declaración. “Yo no tuve las listas. Personalmente no me preocupe por tener la lista porque yo pensaba que se estaba haciendo todo bien”, ha rematado.
Y aquí ha hecho hincapié en separar las dos vertientes que tiene el caso, la política y la judicial. Y ahí en su papel ha explicado que ninguna decisión que se toma en un Consejo de Administración o en un órgano como la Comisión Local de la Vivienda sale adelante sin pasar por el filtrado de los asesores jurídicos y los técnicos expertos en cada materia. Luego está la parte política, que evidentemente tienen el conocimiento que tienen. Ali no lo ha recordado hoy, pero sí lo hizo su ex compañero Aróstegui en su declaración ha sido recurrente en algún corrillo tras ciertas testificales, a presidir la Comisión Local de Vivienda puede llegar cualquier tenga los conocimientos que tenga si se presenta a las elecciones.
Y para tratar de aportar algo de contexto, Ali ha sido excelso en explicaciones. Así ha tratado de poner en situación al Tribunal sobre la labor de oposición. Y si durante el resto del juicio varios ex consejeros han dejado claro que su presidencia en varios consejos de Administración de organismos municipales les hacía inviable controlar al detalle todo lo que sucedía en esas empresas, Alí lo ha elevado a la enésima potencia, relatando que como portavoz de un partido político con poca representación y sin demasiado recursos tenía que acudir a fiscalizar la labor de más sociedades aún que los consejeros, al tiempo que atendía a la prensa, preparaba plenos y recogía quejas de la ciudadanía. Un desborde al que contribuía que tanto él como sus compañeros seguían con sus dedicaciones profesionales fuera de la política.
Y en ese contexto ha negado la especie de hipótesis de que los expedientes estén a disposición de forma física. Sí, los diputados pueden consultar la información, pero según Ali no es cierto que les remitan cajas y cajas de la los expedientes ni de vivienda, ni de ninguna otra cuestión. Si no más bien que si surge alguna controversia la documentación está, en este caso, en Emvicesa para su posible consulta.
En su declaración Ali también ha puesto en duda el Reglamento de la Comisión Local de Vivienda, que ha recordado que el votó en contra por considerar un exceso que fuera la propia Comisión la que aprobara sus reglas de funcionamiento y más aún que se atribuyera competencias, “me parecía un poco excederse. Yo no lo apoyé y no recuerdo que luego se haya aplicado”, ha dicho el reglamento que también ha sido objeto de controversia durante el juicio.
La vivienda de su cuñada
De forma muy tímida, la Fiscalía ha tratado de indagar en la adjudicación de una de las viviendas de las 170 que benefició a una cuñada de Ali. Hermana de su mujer, una de las más de 10 que tiene, “la planificación familiar ahí no funcionó muy bien”, ha llegado a bromear Ali, y con las que después, a preguntas de su abogada ha confesado no tener demasiada relación.
A raíz de la aparición del asunto en la investigación, fue el propio Ali el que tuvo que aportar documentación. Su caso parecía reunir todos los requisitos para ser beneficiaria de vivienda pública, tal y como ha explicado este jueves al Tribunal.
“¿Cómo se enteró que fue adjudicataria?”, le ha preguntado la Fiscalía. “Porque me lo dice ella. Lo único que me dice mi cuñada es que la han llamado de Emvicesa. Me quedo sorprendido porque ni sabía que ella había estado esperando vivienda. Luego ya vi que era demandante desde 2006 y que se inscribió en el registro de demandantes cuando se abrió también en 2011. Era familia monoparental y numerosa a la vez, de dos relaciones distintas. Una hija es discapacitada y creo que cuando le adjudican es menor de 35 años. Perfil encasillado en los cupos. Y además era usuaria de Servicios Sociales y tenía informes relativos a vivienda, por hacinamiento y problemas de convivencia. Y bueno, si ella cumplía los requisitos, no podía hacer nada, no podía evitar que se la dieran. Pero no tuve nada que ver absolutamente en su adjudicación. No participe en el proceso ni influía porque no podía influir, ya le he dicho que pedí un informe y ni se me autorizó”, ha explicado Ali.
La detención
Como han hecho otros de los acusados, Ali ha repasado su declaración a preguntas de su abogada. Y ahí se ha explayado no sólo para relatar las cosas poco normales que han venido refiriendo todos, sino para hacer reflexiones más políticas que judiciales.
“Ese día yo estaba en mi despacho con Aróstegui, creo que íbamos al Puerto, que también teníamos que ir a eso Consejos de Administración. Entonces sé que fueron al despacho la Policía, pero ya no estaba. Y recibo una llamada del inspector y me dice literalmente: ‘Tengo que detenerte’. Le pregunté el motivo y no me lo dijo. Y ya le dije, mira no hace falta que me detengas, ya voy yo a Comisaría”, ha comenzado relatando.
Al llegar allí, le recibió, le metió en un despacho sobre las 10 de la mañana y hasta las ocho de esa tarde, según relato, “por lo menos” no les trasladaron al juzgado. Alí se ha quejado también del trato en calabozos dispensado a su grupo, el de los políticos. Él trató de mediar para que Román delicada de salud ese día no se quedara en el garaje, donde la dejaron separada del resto por el viento que hacía. Tampoco ahí pareció tener mucha influencia.
“Una hora después subimos a declarar. A ciegas. La jueza no te exhibe nada. No había secretario allí. Y es por esto que no me ratifico en esa declaración. Y porque hay una parte de la declaración que no se incorpora. Yo añado algo cuando terminan de interrogarme y le digo, ‘señoría le quería preguntar el motivo de la detención porque yo tengo entendido hasta donde yo sé que la detención tiene que venir justificada por flagrante delito, eludir la justicia, posibilidad de destruir pruebas. Ayer o anteayer yo he celebrado un divorcio aquí con usted en la sala, si se asoma está mi despacho enfrente. No me contestó, evidentemente. Y me llamó la atención que el secretario nos hizo una advertencia para que no hiciéramos ninguna declaración en la puerta”, ha proseguido su relato Ali.
Y aquí ha hilado con una reflexión sobre el “escarnio público” que conllevan estas detenciones, relatando casos de acoso a sus familiares, amigos y él mismo a raíz de la detención que le hicieron plantearse irse de Ceuta.
No fue la única que ha introducido durante su declaración. En otro pasaje, Ali ha lamentado que todo el caso ha generado “psicosis” en el Ayuntamiento que ahora ve las iniciativas para la construcción de vivienda pública como problemáticas a pesar del enorme problema existente. Así han recordado que aún faltan 90 por construir de las 600 comprometidas por SEPE en Loma Colmenar y que 6 años después del caso ni tan siquiera se han iniciado las obras.
