La abogacía de Ceuta denuncia las deficiencias de la plataforma HORUS y el Expediente Judicial Electrónico

El ICACE alerta sobre los problemas de acceso y funcionamiento del sistema, que afectan al derecho de defensa y generan desigualdad entre operadores jurídicos
Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta / Web ICACE
photo_camera Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta / Web ICACE

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Ceuta (ICACE) ha manifestado su preocupación ante los problemas que presenta la plataforma HORUS y el Expediente Judicial Electrónico (EJE), herramientas clave en la digitalización de la Justicia. Los abogados y abogadas de la ciudad advierten que estas deficiencias afectan gravemente al derecho de defensa y generan desigualdad en el acceso a la información procesal en comparación con otros operadores jurídicos.

Si bien la digitalización del sistema judicial representa un avance significativo, su implementación está generando obstáculos que dificultan el ejercicio de la abogacía. Actualmente, jueces y fiscales disponen de un acceso más ágil y completo a los expedientes judiciales electrónicos, mientras que abogados y procuradores enfrentan restricciones que comprometen la igualdad de armas en los procedimientos.

Entre las deficiencias detectadas, el ICACE señala que los expedientes disponibles en la plataforma HORUS no contienen toda la documentación utilizada por los órganos judiciales, lo que limita el conocimiento íntegro del caso. Además, los fallos técnicos recurrentes impiden en muchas ocasiones el acceso al sistema o la visualización de determinados documentos. A esto se suma la falta de un índice estructurado en el EJE, lo que dificulta la localización de la información dentro del expediente.

Otro problema destacado es la falta de conexión entre los distintos sistemas judiciales autonómicos, lo que supone una traba adicional para los profesionales del derecho cuando deben intervenir en procedimientos tramitados en otras comunidades autónomas.

El ICACE considera que la situación ha llegado a un punto crítico y exige la adopción de medidas urgentes por parte del Ministerio de Justicia y los órganos competentes. Reclama la corrección de estas deficiencias y la implementación de garantías mínimas que aseguren que la transformación digital no suponga una vulneración del derecho de defensa.