Los drones son vehículos no tripulados que pueden volar o desplazarse por el agua, el aire o la tierra. Tienen múltiples aplicaciones en diferentes ámbitos: desde el control del tráfico y las aglomeraciones, hasta el rescate de personas, el combate de incendios o la vigilancia de fronteras. Son una herramienta muy potente, pero su uso también implica riesgos y beneficios.
Por un lado, los drones ayudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Protección Civil a cuidar de la ciudadanía, realizando tareas que pueden ser peligrosas, difíciles o costosas para los humanos. Por ejemplo, en Levante hay un corredor de multirrotores que detectan y rescatan personas ahogadas. La Policía de Benidorm tiene unidades móviles para desplegar sus drones e intervenir rápidamente en su zona. La Guardia Civil de Barcelona es una de las más importantes en el control aeroportuario.
Por otro lado, los drones también se usan para cometer crímenes y delitos cada vez más frecuentes, como el espionaje, el contrabando, el terrorismo o el sabotaje. Esto se debe al aumento del tráfico de drones en nuestro espacio aéreo, que los delincuentes aprovechan para camuflar sus actos. En España, usar los drones en zonas prohibidas o de forma indebida puede suponer multas de entre 90.000 y 225.000 euros, pero las actividades ilícitas siguen siendo una amenaza para la estabilidad de la sociedad.
Estas malas prácticas no solo perjudican a los pilotos y operadores profesionales, que tienen que cumplir requisitos más complejos para trabajar, sino que también suponen una amenaza para la seguridad ciudadana y la aviación convencional, que podría sufrir grandes catástrofes aéreas con víctimas mortales.
Para hacer frente a esta situación, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías Local y Autonómica han incorporado a sus flotas nuevos drones y sistemas antidrón, que cubren todo el territorio español. Hay una gran variedad de sistemas, desde pequeños drones chinos de menos de 250 gramos para multar por exceso de velocidad en Madrid, hasta sistemas Predator de dos toneladas y veinte metros de envergadura en el Estrecho para controlar las fronteras. La Policía Nacional dispone de sistemas antidrón de inhibición en todas las capitales.
Además, en 2016, la Guardia Civil creó los equipos Pegaso, unidades de policía especialistas en gestión aeronáutica y seguridad operacional. Su objetivo principal es controlar la aviación general y los drones. Esta iniciativa pionera, que sigue las recomendaciones de la Interpol, sitúa a la Guardia Civil como un referente europeo y ha atraído el interés de organismos internacionales.
Los equipos Pegaso están formados por más de 200 agentes, que colaboran con la AESA, Enaire y la Ciaiac. Cada día, controlan los aeropuertos, aeródromos, campos de vuelo y pistas de emergencia de toda España, garantizando la seguridad de los usuarios del espacio aéreo y enfrentando los retos de prevención y respuesta a emergencias.
Los agentes también inspeccionan instalaciones de aviación convencional; forman y orientan a pilotos de aeronaves ligeras y drones; investigan infracciones y delitos en estos ámbitos; y apoyan a la Policía Judicial en la investigación de accidentes aéreos.
Para neutralizar posibles actividades ilícitas con drones, los equipos Pegaso cuentan con medios como el Siglo-CD de la Secretaría de Estado de Seguridad y los fusiles de inhibición antidrón de la empresa española SDLE.
Desde su creación, estos equipos de la Guardia Civil han demostrado su capacidad para neutralizar amenazas. Una de sus actuaciones más destacadas fue el 4 de febrero de 2020, cuando un dron no identificado sobrevoló el Congreso de los Diputados durante el debate de investidura. Los agentes lograron localizar e interceptar al piloto, que resultó ser un periodista que pretendía grabar imágenes exclusivas.
