La problemática urbanística en las zonas de Almadraba y Benzú, en Ceuta, derivada de las restricciones impuestas por las leyes de Costas y Carreteras, y las limitaciones que esto supone para intervenir en dichas áreas, no es un fenómeno reciente. Un caso paradigmático fue la larga lucha del Club Natación Caballa, que entre 2011 y 2015 peleó por una prórroga para ocupar 1.958 metros cuadrados de dominio público terrestre, con el único objetivo de mantener las actividades deportivas, incluso renunciando al uso del restaurante.
En 2025, Ceuta sigue enfrentándose a múltiples incumplimientos urbanísticos respecto a normativas nacionales y europeas, como la Norma de Construcción Sismorresistente, que no obliga a derribar edificaciones construidas antes de la promulgación del Real Decreto en vigor. Sin embargo, el caso de la Ley de Costas y la Ley de Carreteras parece más complejo.
En una entrevista, Diego Martínez, director del Área Funcional de Fomento, destacó la necesidad de un consenso amplio y un plan claro antes de intervenir en Almadraba y Benzú. Estas acciones deben incluir alternativas habitacionales para los afectados por la demolición de edificaciones que llevan décadas en ambas barriadas. A corto plazo, el área de Fomento señala la prioridad de evitar nuevas construcciones ilegales y mantener la situación bajo control.
El caso de la Ley de Carreteras pone de manifiesto una discriminación particular hacia Ceuta, donde la escasez de terreno define la realidad urbana. Mientras que en la península muchas carreteras nacionales han sido desviadas de los cascos urbanos, en Ceuta, prácticamente todo el territorio es casco urbano, y el que no lo es, lo es militar, con nulas alternativas.
Martínez recordó que la Ley de Carreteras establece un límite de 25 metros desde la vía para construir, afectando edificaciones previas a la normativa. Aunque estas viviendas pueden mantenerse, las modificaciones estructurales están restringidas a tareas de mantenimiento y consolidación, siempre bajo autorización expresa.
Un ejemplo representativo de estas dificultades es la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Cualquier intervención estructural depende del Ministerio competente, a pesar de que la Delegación del Gobierno lleva meses prometiendo una "pronta" solución al problema. Ahora, Martínez apela a la "esperanza" de que Madrid apruebe una excepción para la construcción de la nueva iglesia, lo que podría sentar un precedente para otras edificaciones en la N-352. En octubre, el director del Área declaró en otra entrevista que esperaba una resolución "inminente" por parte de la Dirección General de Carreteras que permitiría a la Ciudad comenzar el proyecto del Centro Cultural, donde se incluiría la capilla.
Sin embargo, tres meses después, no hay avances concretos. “Hay que eliminar un límite de edificabilidad con carácter excepcional, lo que requiere justificaciones largas y tediosas para demostrar que no habrá riesgos para las carreteras N-352 y N-354”, justificó Martínez. También destacó que la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, se había implicado personalmente en el tema para resolverlo "cuanto antes". La realidad, no obstante, sigue marcada por la inacción.
En Benzú, el panorama es aún más complejo. Muchas viviendas carecen de cédula de habitabilidad y registro, lo que dificulta cualquier intervención. Pese a ello, estas viviendas cuentan con suministro de luz, agua y alcantarillado. Martínez describió Benzú como un núcleo urbano "fuera de norma", reflejo de irregularidades acumuladas durante décadas. Irregularidades tan antiguas que algunas edificaciones, datan de más de 30 años. No es un problema qua haya surgido de forma repentina.
Las leyes vigentes restringen la inversión pública sin autorización expresa, bloqueando incluso actuaciones necesarias para consolidar estructuras dañadas. Este marco normativo, combinado con la falta de soluciones habitacionales, complica cualquier intervención, lo que podría derivar en tensiones legales y sociales de gran calado.
Desde 2020, se han abierto expedientes sancionadores contra obras ilegales, pero no se contempla la demolición de construcciones anteriores. La ausencia de alternativas habitacionales agrava aún más la situación, elevando el riesgo de problemas sociales severos.
El caso de Almadraba y Benzú ilustra la complejidad de compatibilizar la normativa urbanística con las necesidades sociales y habitacionales. La falta de soluciones claras, unida a las restricciones legales y las tensiones sociales, mantiene a las administraciones en un limbo entre la legalidad y la sensibilidad social.
