La sanidad pública en Ceuta y Melilla sigue moviéndose en una dirección poco habitual en el mapa sanitario español: cada vez depende menos de servicios externos. Según los datos del propio INGESA, el gasto destinado a conciertos y apoyos privados se mantiene por debajo del 5% del total, una cifra que el Tribunal de Cuentas califica como excepcional dentro del Sistema Nacional de Salud. En 2022 fueron 4,44 millones y en 2023 bajaron a 4,31 millones, “apenas un 5,09% y un 4,79% del total”, según recoge el informe fiscalizador.
No es que no haya conciertos —los hay, como en cualquier hospital público—, pero se limitan a lo imprescindible: oxígeno industrial, limpieza, seguridad o transporte sanitario. Lo demás, lo que afecta al corazón asistencial, se queda dentro. Y cuando se recurre a apoyo externo, suele ser por motivos muy concretos: una técnica nueva, una acumulación de bajas o un servicio que está en proceso de implantación. El ejemplo más reciente es la logopedia, que se ha concertado mientras se resuelven las plazas fijas creadas para incorporarla a la cartera de servicios.
La reducción de la dependencia privada no es casual. Desde 2018, Ceuta y Melilla han ido sumando tecnología puntera —RMN, TAC y otros equipos— que antes obligaban a derivar pacientes fuera. Solo en pruebas diagnósticas, el ahorro supera el medio millón de euros al año. Y a eso se suma el refuerzo de plantillas y la ampliación de especialidades, que ya superan la treintena.
En el documento, INGESA marca distancias con otros modelos sanitarios que han hecho fortuna en España, especialmente el de la Comunidad de Madrid, al que se refiere como “modelo de quironización sanitaria”, un sistema que —según el texto— ha convertido hospitales públicos gestionados por empresas privadas en “máquinas de facturación y enriquecimiento particular”. Frente a ese escenario, el organismo subraya que en Ceuta y Melilla no existe delegación de decisiones clínicas ni de gestión en manos privadas.
El Ministerio de Sanidad, que mantiene la competencia directa en ambas ciudades autónomas, insiste en que seguirá reforzando esta línea de inversión pública. Y lo hace en un momento en el que el Gobierno central prepara una nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS. La norma obligará a las comunidades que quieran privatizar un hospital a justificarlo con un informe técnico y someterlo a evaluación previa. La externalización solo se permitirá si no hay alternativa pública viable y si se garantizan calidad, accesibilidad y sostenibilidad.
Mientras tanto, en Ceuta y Melilla la apuesta parece clara: más recursos propios, menos dependencia externa y una sanidad pública que, al menos en cifras, se aleja de los modelos privatizadores que han marcado la agenda sanitaria en otras regiones.
