El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la ilegalidad de las devoluciones en caliente practicadas por la Delegación del Gobierno de Ceuta sobre personas migrantes interceptadas en el mar o en embarcaciones que intentan acceder a la ciudad. La sentencia ratifica el criterio de juzgados de Ceuta, señalando que esta práctica no está amparada por la figura del "rechazo en frontera" contemplada en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y establece que debe aplicarse el procedimiento de devolución ordinaria con todas las garantías legales.
Desde la introducción de la figura del rechazo en frontera, el ejecutivo la ha venido aplicando en Ceuta y Melilla de manera extensiva, no solo en el perímetro de la valla fronteriza, sino también en aguas marítimas, islotes e incluso en el centro urbano. Esta práctica ha sido objeto de varios recursos judiciales en Ceuta.
La reciente sentencia del TSJA desestima los recursos presentados por la Abogacía del Estado contra dos fallos previos de juzgados ceutíes. El tribunal andaluz subraya que el carácter excepcional del rechazo en frontera se limita estrictamente al perímetro terrestre de la valla, insistiendo en que cualquier actuación fuera de este ámbito debe seguir el procedimiento de devolución ordinario, garantizando los derechos de las personas afectadas.
Los casos analizados por la justicia evidencian que los migrantes fueron interceptados por la Guardia Civil en el mar o en la playa mientras intentaban alcanzar la costa de Ceuta y, posteriormente, fueron devueltos a Marruecos sin acceso a asistencia letrada ni a intérprete.
Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organizaciones que han representado a los afectados, han celebrado la sentencia y exigen el cese inmediato de esta práctica, que consideran ilegal. Asimismo, demandan el pleno reconocimiento de las garantías procedimentales para las personas extranjeras y recuerdan que el control de fronteras es una responsabilidad estatal que debe ejercerse con absoluto respeto a los Derechos Humanos.
Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, afirmó que "diez años después de la creación de la figura del rechazo en frontera en el marco de la llamada Ley Mordaza, constatamos que solo sirve para cercenar derechos de personas vulnerables. El estado de derecho es más sólido cuando ampara los derechos de las personas más vulnerables".
Francesca Fusaro, miembro de No Name Kitchen, calificó la sentencia como "un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes". Además, enfatizó que "el no respeto de estos derechos humanos por parte de las autoridades pone en riesgo la vida de miles de personas en el mar, con el resultado de muchas muertes y desapariciones sin respuesta".
Javier Moreno Gómez, abogado del SJM, señaló que "la pérdida de garantías en actuaciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacia personas en situación de movilidad humana supone, no sólo un acto administrativo ilegal, sino además un acto de discriminación y deshumanización en un contexto de urgencia por la apertura de vías legales y seguras para personas en situaciones de desplazamiento forzado".
Actualmente, existen otros dos procedimientos judiciales pendientes en Ceuta sobre esta misma cuestión.
