La Justicia militar archiva la denuncia, por abuso de autoridad, de una exsoldado en Ceuta

El tribunal desestima la apelación de la exsoldado y confirma el archivo del caso. No aprecia trato vejatorio ni abuso de autoridad en los hechos ocurridos durante unas maniobras en 2021

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photo_camera Acuartelamiento de González Tablas

El Tribunal Militar Central cierra el caso abierto por la denuncia de una exmilitar destinada en Ceuta. La resolución rechaza el recurso de apelación y confirma el archivo, al no hallar indicios de delito en la actuación de los mandos.

El Tribunal Militar Central ha cerrado definitivamente el procedimiento abierto a raíz de la denuncia de una exsoldado destinada en Ceuta, al desestimar el recurso de apelación presentado por su defensa. La resolución confirma el archivo de la causa, al no proceder nuevos recursos.

La exmilitar sostenía haber sido víctima de un presunto delito de abuso de autoridad por parte de un coronel y un capitán. Los hechos se remontan a julio de 2021, durante una actividad física en la pista de aplicación, en la que la soldado —única mujer presente— resultó lesionada. La baja médica posterior marcó el inicio de un conflicto administrativo con su unidad.

Uno de los episodios destacados del caso tuvo lugar en una reunión celebrada el 24 de febrero de 2022. La denunciante aseguró que, en ese encuentro con mandos de la unidad, fue objeto de comentarios intimidatorios y discriminatorios sobre su identidad de género. Sin embargo, el tribunal no aprecia trato vejatorio ni vulneración de su integridad moral.

El Juzgado Togado Militar Central nº 1 ya había determinado que los hechos no se ajustaban al delito de abuso de autoridad recogido en el artículo 48 del Código Penal Militar. Durante la instrucción, compañeros de la soldado describieron una relación profesional normalizada, e incluso señalaron que el capitán intervino para frenar posibles actitudes discriminatorias en la unidad.

La Fiscalía Jurídico Militar y la Abogacía del Estado respaldaron el archivo, al no encontrar indicios de conducta delictiva por parte de los mandos investigados.

Con esta decisión, la Justicia militar pone fin a un procedimiento en el que se enfrentaban dos versiones opuestas de un episodio que, según concluye el tribunal, no alcanza el umbral penal exigido.